Comunicación y RRPP

Declaración de las organizaciones que integran la Agenda Ambiental, Campesina, Étnica y Popular

La Macarena, 25 de agosto de 2022. Las organizaciones sociales abajo firmantes nos hemos reunido para explorar alternativas para la política pública de conservación ambiental, que concilie los intereses de protección ecosistémica con la garantía a los derechos de subsistencia digna del campesinado y las comunidades indígenas.

Reiteramos a la opinión pública nacional e internacional que la efectividad de cualquier iniciativa de conservación ambiental está condicionada al reconocimiento de las comunidades como verdaderos sujetos políticos que participan activamente en la conservación del medio ambiente.

Es evidente el fracaso de la apuesta militar y punitiva privilegiada por el Gobierno Duque y por la Fiscalía General de la Nación, la cual ha vulnerado derechos fundamentales de manera sistemática y poco o nada ha contribuido a la preservación de ecosistemas estratégicos. Pero también, se ha demostrado la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de la región norte de la Amazonía para construir consensos orientados a la superación de estos conflictos por la vía de la inclusión política y la concertación. Esto es, precisamente, la Agenda Ambiental, Campesina, Étnica y Popular, resumida en las siguientes reivindicaciones:

1. Gobernanza ambiental para la paz: entendida como un régimen transitorio para la construcción de paz territorial y el buen vivir.
2. Parques con campesinado: Reconocer y fortalecer la vocación protectora de los ecosistemas de las comunidades campesinas, expresadas en normas y acuerdos comunitarios existentes.
3. Planes participativos de manejo ambiental: revisión, construcción y actualización participativa de una estrategia concertada para el cierre de la frontera agrícola.
4. Auditoría de control a los recursos (por parte de las organizaciones de sociedad civil) destinados por el gobierno nacional y la cooperación internacional para la protección y mantenimiento de áreas de especial interés ambiental.
5. Tratamiento especial a las actividades productivas existentes: priorizar el diálogo y la concertación con programas y acciones pedagógicas y restaurativas que concilien los derechos de las comunidades con los intereses de protección ambiental.
6. Fortalecimiento de mecanismos y estructuras para la gobernanza local: de tal manera que se privilegien mecanismos comunitarios para la solución de conflictos socioambientales y se supere el paradigma punitivo.
7. Sustitución de cultivos de uso ilícito: convocar a las instancias pertinentes del Acuerdo de Paz para resolver la situación de las comunidades excluidas de o defraudadas por los programas PNIS.
8. Diagnóstico y caracterización participativa: construir de manera participativa mecanismos para caracterizar a las familias campesinas en áreas protegidas, como insumo necesario para concertar planes de manejo ambiental, bajo garantías de no judicialización.
9. Zonificación ambiental participativa: desarrollar un proceso concertado para la implementación de metodologías que permitan la construcción participativa del ordenamiento ambiental por medio de a) la delimitación de fronteras agrícolas, b) la actualización y ampliación de áreas de manejo especial, y c) la caracterización del uso de áreas con manejo ambiental especial.
10. Formalización de la infraestructura existente: caracterización, formalización, armonización y planificación de la inversión presupuestal para el ordenamiento y mantenimiento de la infraestructura comunitaria existente.
11. Regularización de la tenencia y la propiedad de la tierra: esto implica la gestión del cumplimiento al punto 1 del Acuerdo de Paz, la Reforma Rural Integral y la priorización de procesos de formalización, así como la constitución de las zonas de reserva campesina y los resguardos indígenas en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare que cursan ante la Agencia Nacional de Tierras.
12. Pago e incentivos para la preservación y restauración de áreas de especial interés ambiental: establecer un esquema para el pago de servicios ambientales y otros incentivos que se armonicen con los derechos a la propiedad y tenencia de la tierra.
13. Alternativas productivas para el buen vivir: fomentar iniciativas comunitarias que garanticen la protección de la naturaleza en armonía con las prácticas productivas del campesinado.

14. Para el impulso efectivo de esta agenda ante las autoridades e instituciones competentes, las organizaciones de sociedad civil suscritas, en representación de nuestras comunidades, demandamos:

Al Gobierno nacional: 

• Reconocimiento público sobre la asimetría en las cargas de conservación ambiental que recaen sobre poblaciones campesinas y étnicas vulnerables de la región norte de la Amazonía colombiana y el deber de compensación que de allí se deriva.

• Apoyo técnico, logístico y financiero a las organizaciones de sociedad civil orientado a garantizar la efectividad del diálogo político para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. El diálogo social para construcción debe escalar del escenario local, al departamental y luego al nacional.

• Concertar e implementar programas de seguridad y protección para líderes, lideresas y personas defensoras de los derechos humanos, con enfoque territorial y colectivo en la región norte de la Amazonía.

Al Congreso de la República:

• Apertura y disposición al diálogo político que viabilice las reformas constitucionales y legales necesarias para la construcción de una política pública de conservación ambiental que privilegie la participación de las comunidades campesinas y étnicas que históricamente han habitado territorios protegidos.

• Estricto control político al Gobierno nacional para que las medidas de conservación ambiental incorporen el enfoque de derecho humanos.

A la comunidad internacional:

• Redefinición de los criterios de asignación de los recursos de cooperación para hacerlos asequibles a las organizaciones de base campesinas e indígenas que habitan la región norte de la Amazonía colombiana.

• Reconocimiento y promoción del debate sobre justicia ambiental global y la asimetría en las cargas que ha asumido el país y el correlativo derecho a la compensación.

• Que sean garantes del derecho a la confianza legítima depositada por las comunidades y organizaciones de la sociedad civil en las instituciones del Estado, en los diferentes escenarios de concertación.

Las reivindicaciones y demandas presentadas expresan necesidades urgentes para contribuir a la mitigación de los impactos del cambio climático y la garantía de los derechos de las comunidades vulnerables que habitan el norte de la Amazonía.

Firman:

Corporación de Trabajadores Ambientales Agropecuarios de los Llanos del Yarí: CORPOAYARÍ

Asociación Campesina para la Agricultura Agroecológica y el Comercio Justo en la Cuenca del Río Guejar: AGROGUEJAR

Asociación Campesina de Trabajadores y Productores Agropecuarios de la Región del Río Cafre: AGROCAFRE

Asociación Campesina de Trabajadores y Trabajadoras Ambientalistas de los parques Tinigua, Picachos y Sumapaz de Uribe, Meta: ACATAMÚ

Asociación de Mujeres Gestoras de Paz y de la Soberanía Sierra de la Macarena: ASOMACARENA

Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Cristalina del Losada: ASOPEPROC

Asociación de Mujeres Campesinas Ambientalistas de la Cristalina del Losada Por Sus Derechos: ASMUCACD

Asociación Ambiental de Mujeres Productoras de los Llanos del Yarí: AMMPY

Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero: ASCAL-G

Asociación Empresarial Campesina de los Llanos del Yarí: ASECADY

Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán: ACISC

Organización acompañante:

Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro Colombiano: DHOC