Comunicación y RRPP

Continúa presentación de observaciones de víctimas de secuestro ante la JEP sobre los aportes de verdad del Bloque Noroccidental de las extintas FARC-EP

Bogotá, 18 de abril de 2023.  “Esta es la primera vez que hablo después de 25 años de mi secuestro, a nosotros nadie nos ha escuchado”, dijo Edilberto Cumbe Mesa, expolicía que participó en la primera parte de la audiencia pública de recepción de observaciones de las víctimas acreditadas en el Caso 01 (Toma de rehenes, graves privaciones a la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP), frente a las versiones voluntarias del antiguo Bloque Noroccidental de las FARC-EP, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Entre el 6 y el 10 de marzo de manera presencial en Medellín, Edilberto y otras personas que sufrieron diferentes crímenes cometidos por las FARC-EP hicieron sus observaciones a las versiones voluntarias de los antiguos excombatientes de este Bloque que operó en Antioquia, el sur de Córdoba y el Eje Cafetero. Esta diligencia ahora continuará de manera virtual, entre el 18 y el 21 de abril, cuando la JEP continuará oyendo las exigencias de verdad de las víctimas de secuestro.

Para algunas de las personas que sufrieron estos crímenes, estas audiencias son la primera vez que se enfrentan a un escenario de justicia para contar los hechos victimizantes que sufrieron y para visibilizar sus casos. Ellas ya conocieron los aportes de verdad que hicieron los antiguos integrantes del Bloque Noroccidental a través de otras diligencias y ahora buscarán que ese aporte mejore, contrastar los relatos de los comparecientes, exigir al Estado una reparación integral, entre otras.

En este marco, una de las prioridades para la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) como representante de víctimas es dar con el paradero de las personas que siguen desaparecidas.  Adicionalmente, como característica previa a su desaparición, en algunos casos se pudo documentar cómo mujeres, niñas y adolescentes eran acosadas sexualmente por los comandantes guerrilleros y presionadas para ingresar a la guerrilla. Las circunstancias que rodean estos crímenes no son claras, pero se presumen la ocurrencia de violencias basadas en género y de reclutamiento.

Por otra parte, hay otras desapariciones que se dieron en el contexto de un ataque masivo y continuo contra la población civil y el desarrollo de una política de control territorial de las FARC-EP; esto es evidente en los casos de Samaná, Jardín, Granada, Ituango y la zona del Urabá antioqueño. También se identifica en muchos casos una clara intención de desaparecer a estas víctimas para no dejar rastro de los delitos cometidos contra ellas.

Asimismo, víctimas provenientes de Argelia, Antioquia, manifestaron durante la primera parte de la audiencia (que se llevó a cabo en Medellín) que no tienen garantías para participar en los procesos ante la JEP porque se está recrudeciendo la violencia en ese territorio y se están presentando violaciones de derechos humanos. El control territorial de las antiguas FARC-EP en ese municipio afectó mucho a su población, tanto que hubo periodos de tiempo en el que ni siquiera funcionó la escuela, la Policía tuvo que salir de la zona y, en general, hubo un abandono institucional que dejó a las y los pobladores a merced de este actor armado.

Ahora las víctimas están teniendo la carga de demostrar este dominio ejercido por esa extinta guerrilla, porque los comparecientes no reconocieron ante la JEP que estaban asentados allí y tampoco han aceptado responsabilidad sobre aquellos casos donde hubo violencia sexual, perpetrada para silenciar y amedrentar a la población.  Además de estos delitos, las y los argelinos también vivieron desplazamiento, secuestro, reclutamiento forzado, desaparición forzada y tortura.

Por su parte, los expolicías y exmilitares que alguna vez estuvieron secuestrados por las ex FARC-EP visibilizaron las afectaciones que siguen sufriendo diez, veinte y hasta treinta años después de vivir este flagelo. Como parte del acompañamiento que ha hecho la CCJ a los uniformados se ha documentado que el comportamiento de este grupo armado fue especialmente brutal con ellos, pues los veían como sus enemigos. Les infringieron tratos crueles, inhumanos y degradantes, como servirles vidrio molido en la comida, restringir la comunicación con sus familias, encerrarlos y amenazarlos constantemente con la muerte.  También quieren denunciar que la Policía y el Ejército les dieron la espalda, no los apoyaron en su recuperación, los hicieron a un lado, en algunos casos los jubilaron pero en otros los despidieron, es decir que fueron revictimizados por las mismas instituciones a las que sirvieron.

También hay víctimas cuyo caso ni siquiera ha sido reconocido por los comparecientes porque no eran personas visibles públicamente, no tenían cargos políticos ni grandes recursos.  La mayoría son campesinas y campesinos que fueron secuestrados por motivos económicos y control territorial. Ellas y ellos reclaman una reparación económica, o al menos que les devuelvan lo que les quitaron, porque después del secuestro fue muy difícil recuperarse; muchos se endeudaron y hasta ahora no les ha sido posible conseguir una estabilidad financiera que les permita volver a la vida que tenían antes.

Las personas que participarán en la audiencia que se retomará este 18 de abril tienen como objetivo principal reclamar el reconocimiento de la responsabilidad que tienen los comparecientes frente a sus casos particulares. Además, buscan elevar reclamos a la institucionalidad, que va más allá de la JEP e incluye a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a muchas otras entidades del Estado que han incumplido sus obligaciones en la asistencia, apoyo y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en general.

Con esta audiencia virtual se cierra la etapa de observaciones de las víctimas a los aportes realizados por los comparecientes del extinto Bloque Noroccidental de las FARC-EP. Seguiremos acompañando a las personas que representamos en el caso 01 en su búsqueda de verdad plena, clara, detallada y exhaustiva; reparación integral que responda a sus expectativas y garantías de no repetición.

Después de que culmine la segunda parte de esta audiencia, vital para el ejercicio de contrastación, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP expedirá el Auto de Determinación de Hechos y Conductas, en el cual recogerá y valorará los aportes a la verdad dados por los comparecientes, y les dará una calificación jurídica, tal y como sucedió con los integrantes del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP. Luego de esto, el despacho relator citará a audiencia de reconocimiento, en la que los comparecientes deberán aceptar o no su responsabilidad en los crímenes cometidos.

Comisión Colombiana Juristas