Litigio en tierras y derechos territoriales

Dos reformas que contribuyen a la protección del campesinado y sus luchas

Bogotá, 16 de junio de 2023.  En un día histórico para las y los campesinos de Colombia, el 13 de junio, el Congreso de la República aprobó dos proyectos de acto legislativo en los que reconocen la lucha del campesinado. El primero creó la jurisdicción agraria y rural, y el segundo elevó a norma constitucional al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. El avance en la discusión y aprobación de estas reformas constitucionales representa un primer paso necesario e importante para saldar la deuda del Estado con el campesinado.

Desde la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- saludamos y reconocemos la importancia que tienen estas reformas que, en su conjunto, contribuyen al aumento de los estándares de protección y nutren las herramientas ya existentes para el ejercicio del derecho a defender derechos, la protección de la vida y el acceso a la justicia de líderes y lideresas agrarias y ambientales. Así mismo, resaltamos la importancia que estas tienen en materia del cumplimiento del Acuerdo de Paz, pues en su conjunto las reformas constitucionales aprobadas reconocen la riqueza del trabajo y el mundo cultural del campesinado en la sociedad colombiana, y fortalecen las garantías de acceso a la justicia de las víctimas de abandono, despojo y desplazamiento forzado, especialmente en sus luchas por el retorno a los territorios.

Elevar la protección del campesinado a constitucional significa un paso importante en el reconocimiento de sus derechos, después de que en el 2018 Colombia se abstuviera de votar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales. En ese sentido, lamentamos que durante el trámite del Proyecto de Acto Legislativo que reconoció al campesinado como sujeto político se perdiera la oportunidad de incluir expresamente, y dotar de vinculatoriedad interna dicha Declaración. En consecuencia, esperamos que el mismo legislador, u otras autoridades estatales, avancen en la aplicación plena de la Declaración, la cual consideramos un instrumento jurídico imprescindible en la protección de los derechos de los campesinos y campesinas del país.

La reforma constitucional que crea la Jurisdicción Agraria y Rural es una oportunidad única para avanzar en identificar salidas para las discusiones sobre la tenencia, propiedad y explotación ambientalmente sostenible de la tierra y, por esa vía, revertir, la causa esencial de la violencia sociopolítica del país. Lamentamos que su creación no se acompañara de un órgano judicial de cierre independiente, que contribuyera a resolver de manera integral las problemáticas territoriales en el país. Será necesario buscar alternativas para evitar la toma de decisiones disimiles y la falta de jurisprudencia unificada en materia de conflictos agrarios.

Dada la importancia que revisten estas normas constitucionales para la garantía de los derechos del campesinado y los de las víctimas desplazamiento, despojo y abandono, estaremos atentos para contribuir a su pronto desarrollo.

Finalmente, felicitamos a todas las personas que han trabajado arduamente para que estos avances se hicieran realidad y, en especial, extendemos un abrazo a los líderes, lideresas, comunidades y organizaciones campesinas y de sectores rurales que han persistido para que estas reformas se materialicen.

Comisión Colombiana de Juristas