La impunidad prolongada viola los derechos humanos: audiencia del caso Lalinde ante la Corte IDH
Luis Fernando Lalinde Lalinde fue detenido arbitrariamente por integrantes del Batallón Ayacucho del Ejército.

Bogotá, Colombia - San José, Costa Rica, 30 de enero de 2025. El 29 de enero, en una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado de Colombia amplió su reconocimiento de responsabilidad internacional por la falta de investigación en los procesos judiciales de la detención, tortura, desaparición forzada y homicidio de Luis Fernando Lalinde. Los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 1984 en la vereda Verdún, Jardín, Antioquia. 

La señora Fabiola Lalinde, mamá de Luis Fernando, emprendió una lucha para saber la verdad de lo ocurrido, conocer la ubicación de su hijo, cuyos restos logró recuperar casi 13 años después, y buscar que los responsables fueran llevados ante la justicia. Durante todo ese tiempo, ella y sus otros tres hijos, Adriana, Mauricio y Jorge, fueron víctimas de amenazas, hostigamientos y persecución, pero además han sufrido múltiples afectaciones como consecuencia de 40 años de impunidad.

En una primera petición que presentó la Comisión Colombia de Juristas (CCJ) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos a la vida y la libertad personal de Luis Fernando Lalinde en 1987. Esa fue la primera vez que un órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos condenó a Colombia por una desaparición forzada.  

Tiempo después, en 1999, la CCJ presentó una nueva solicitud a la CIDH al considerar que el Estado no había garantizado el acceso de los familiares de Luis Fernando a un recurso que permitiera investigar, juzgar y sancionar a los culpables de su detención, desaparición y homicidio, y tampoco garantizó la protección y seguridad de la familia. 

Como parte de esta última petición, la CIDH sometió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2023 para analizar las afectaciones ocasionadas a la familia Lalinde. 

Este último tribunal citó a una audiencia pública en la que participaron Adriana Lalinde, hija de Fabiola y hermana de Luis Fernando, la Comisión Colombiana de Juristas como representante de la familia, la representación del Estado colombiano y la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante la audiencia la CCJ rindió homenaje a Fabiola Lalinde y a su Operación Sirirí, y resaltó la importancia de que se introduzcan reformas sustanciales a la Justicia Penal Militar, que le impidan seguir conociendo casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, como ocurrió durante 15 años con el caso Lalinde y como sigue ocurriendo con recientes ejecuciones extrajudiciales o con violaciones a derechos cometidas en contextos de protesta.

Además, insistió en que el traslado a la jurisdicción ordinaria en sí mismo no garantiza que se supere la impunidad, y que en esa medida se necesitan acciones concretas para que las investigaciones sean eficaces y conduzcan al esclarecimiento pronto de la verdad.

La CCJ compartió con la Corte las afectaciones físicas, psicológicas, sociales, económicas y familiares, entre otras, que la búsqueda infructuosa de justicia por más de 40 años ha causado a cada una de las personas que integran la familia Lalinde, incluyendo a la señora Fabiola, quien falleció en 2022 esperando que los responsables de la desaparición forzada de su hijo fueran sancionados.

Por otra parte, respecto al derecho al cuidado, la perita Laura Pautassi, abogada argentina, profesora y presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), señaló que el cuidado es un derecho humano autónomo que genera obligaciones para el Estado, que está estrechamente ligado con la posibilidad de vivir dignamente y que, en esa medida, es interdependiente con varios otros derechos como la vivienda, la seguridad social o el trabajo, entre otros. 

Al respecto, la CCJ insistió en que Fabiola Lalinde sufrió impactos particulares como mujer buscadora y que nunca recibió apoyo estatal para su cuidado, y que Adriana, quien cuidó a su madre durante años mientras esta buscaba justicia, también experimentó afectaciones que incluyeron renunciar a su propio proyecto de vida. Todo esto significó que las dos vieron afectado su derecho a cuidarse, a ser cuidadas y a cuidar de otros.

Por su parte, a través de la representación de César Palomino Cortés, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad por la falta de una investigación seria, imparcial y efectiva durante estos más de 40 años; la afectación a la integridad psíquica y moral que las actuaciones y omisiones de las autoridades judiciales causaron a los integrantes de la familia; y la vulneración del derecho autónomo al cuidado de Adriana.

Desde la Comisión Colombiana de Juristas confiamos en que esta audiencia permitirá que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adopte un fallo en el que por primera vez se pronuncie sobre las consecuencias de la impunidad prolongada, sobre la incompatibilidad de la Justicia Penal Militar con la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, sobre el derecho autónomo al cuidado y su contenido frente a las mujeres buscadoras, y sobre las medidas de reparación integral adecuadas para que el Estado colombiano resarza los daños causados a la familia Lalinde. 

Comisión Colombiana de Juristas

Foto: Corte IDH