Comunicación y RRPP

Repudiable asesinato del líder social Hugo de Jesús Giraldo en Santander de Quilichao, Cauca, el segundo en tres días

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Ayer 22 de abril de 2020, alrededor de las 6:20 p.m., fue asesinado el líder social Hugo de Jesús Giraldo López, en la vereda San Pedro del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Según los testigos del hecho, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta su residencia, y uno de ellos ingresó a la vivienda en la que se encontraba el señor Giraldo y procedió a dispararle en seis oportunidades.

Hugo de Jesús, de 65 años de edad, era un campesino, comerciante, docente, defensor de derechos humanos e integrante de la Coordinación Social y Política de Marcha Patriótica. Trabajaba en la región del Naya, municipio de Buenos Aires, Cauca, con la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios -ASTCAP-, junto a su presidente Mario Chilhueso, quien también fue asesinado tan sólo tres días antes, el 19 de abril. Ese día, en la denuncia del asesinato de Mario, se advirtió el riesgo que corrían los integrantes de ASTCAP, entre ellos Hugo de Jesús.

Estos hechos ocurren en el marco de un aterrador escalamiento del conflicto armado en el departamento del Cauca, donde la presencia de múltiples actores armados (incluyendo a la Fuerza Pública) ha llevado al recrudecimiento de combates en medio de la población civil y al alarmante incremento de infracciones al derecho internacional humanitario y de violaciones a los derechos humanos, de las que las comunidades y las personas defensoras están siendo las principales víctimas. Asesinatos, desplazamientos forzados, heridos en fuego cruzado y amenazas son el diario vivir para la población caucana, incluso durante el aislamiento por COVID-19. Ante esta situación, el silencio y la inacción de las autoridades es preocupante.

Perfil de Hugo

Hugo de Jesús Giraldo López llegó a la región del Naya en los años 80 proveniente del Valle del Cauca, se instaló allí como vendedor y luego fue profesor. Durante esos años ayudó a organizar varias Juntas de Acción Comunal -JAC-, entre ellas las de las veredas Río Mina y Loma Linda. Durante años se mantuvo al frente de iniciativas como la formalización de centros educativos, construcción de escuelas, elaboración de censos, entre otras iniciativas comunitarias, así como proyectos de educación de la comunidad y la construcción de escuelas.

En los años 2000 fue una de las víctimas de la llegada del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia a la región. Vivió junto con la comunidad la masacre del Naya en el año 2001, los desplazamientos forzados y la violencia del despojo. Esto no impidió que siguiera trabajando en las JAC, en las asociaciones comunitarias y luchando por los derechos de las víctimas y de la comunidad.

Se desempeñó como representante de las víctimas de la masacre en procesos de Justicia y Paz de la ley 975 de 2005 teniendo la oportunidad de asistir a los testimonios de postulados como José Everth Veloza García, conocido con el alias de HH en las Autodefensas Unidas de Colombia. Fue en esas diligencias en las que se reconoció la responsabilidad del Bloque Calima en los hechos.

Hugo también fue fundador y presidente de la asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya, que nació varios años después de la masacre, y a través de esta organización promovió procesos de retorno de las víctimas sin contar con acompañamiento institucional.

En julio del año 2018 fue víctima de un nuevo desplazamiento forzado por parte de actores armados que mantienen hoy su presencia en la región del Alto Naya. Hugo Giraldo, al igual que Mario Chilhueso, había denunciado públicamente la ocurrencia de varios homicidios de labriegos y amenazas en su contra producto de estas denuncias.

En la actualidad formaba parte de la junta directiva de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios -ASTCAP-, una organización local que la Comisión Colombiana de Juristas acompaña desde enero de 2019, y que agrupa a varias familias campesinas de esta región del Cauca.

No más impunidad

Expresamos nuestras condolencias y toda nuestra solidaridad a la familia de Hugo, especialmente a su hija de nueve años y a su hijo de siete años de edad. También a sus compañeros y a la comunidad de Santander de Quilichao.

Al igual que hace tres días, cuando denunciamos el asesinato del líder Mario Chilhueso, hoy insistimos en formular las mismas cuatro solicitudes:

1. A la Fiscalía General de la Nación, adelantar con celeridad las labores de investigación de los hechos que lleven al juzgamiento y sanción de los responsables.

2. A la Unidad Nacional de Protección (UNP), brindar de manera inmediata las medidas de protección a los demás líderes de la organización que se encuentran en grave peligro, así como a las familias de Mario Chilhueso y Hugo de Jesús Giraldo López.

3. Al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección, implementar con urgencia medidas de protección colectiva para esta comunidad reclamante de tierras.

4. A la Gobernación del Cauca y la Alcaldía del municipio de Buenos Aires, brindar atención de emergencia y fúnebre a la familia de Hugo de Jesús Giraldo López.

Exigimos que los crímenes de Mario y de Hugo sean esclarecidos cuanto antes, que haya justicia y que sus familias sean protegidas y acompañadas en este momento de dolor. Es imperioso y urgente, además, que las personas que defienden derechos y/o ejercen liderazgos sociales en Buenos Aires y en Santander de Quilichao, Cauca, tengan las medidas de protección suficientes y eficaces para que esos atroces hechos no ocurran más. Además, urgimos a que se adelanten las acciones necesarias para prevenir la continuación de acciones violentas en contra de la población caucana por parte de los diversos actores armados que hacen presencia en esta zona del país.

La impunidad, en especial en los casos de agresiones y asesinatos contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en Colombia, se convierte en una señal macabra: es un permiso tácito a los perpetradores para continuar violando derechos. Los responsables y los autores de estos hechos deben ser identificados y llevados ante la justicia.

Finalmente, reiteramos el llamado de atención sobre el riesgo en que se encuentran los demás integrantes de la Junta directiva de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios -ASTCAP- y en especial los líderes de esta asociación. Es deber del Estado colombiano proteger su vida y garantizar su labor. No se puede seguir derramando la sangre de hombres y mujeres que ponen su vida al servicio de la comunidad, la dignidad y un mejor vivir.

Comisión Colombiana de Juristas
23 de abril de 2020