Sala de Prensa

Compartir en  

Obstáculos y montajes judiciales contra víctimas reclamantes de tierras y sus defensores/as en Urabá, Colombia

Miércoles 01 de julio de 2020

En Medellín y Bogotá, a 25 de junio de 2020

Desde hace nueve años existe en Colombia una política pública -Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, o Ley 1448 de 2011- para restablecer los derechos de la población que fue despojada de su tierra o la tuvo que abandonar con motivo del conflicto armado. Desde entonces, se han realizado 9.423 restituciones, lo que representa el 7,5% de las solicitudes presentadas por las familias víctimas, muy por debajo de lo esperado.

La Fundación Forjando Futuros trabaja por los derechos de las víctimas del conflicto en conjunto con el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Oxfam, y Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP). Representa a las víctimas en sus procesos jurídicos ante el Estado, trabaja para el fortalecimiento de las organizaciones de las que hacen parte los y las reclamantes.

Desde finales de 2018, los tribunales de tierras han dictado sentencias favorables a las víctimas reclamantes representadas por la Fundación. Algunos casos, como Guacamayas o California, son especialmente emblemáticos para el universo de víctimas al generar en las sentencias jurisprudencia favorable a la totalidad de víctimas del país, o por haberse dado en regiones especialmente golpeadas por el conflicto, como es el caso de Urabá, cuna al mismo tiempo del fenómeno paramilitar.

En una de las últimas sentencias fallada, la del caso California, el Tribunal Superior de Antioquia ordenó a la Fiscalía investigar a las empresas bananeras más importantes de la región: Bananeras de Urabá, Unibán y Banacol, y a sus propietarios/as por presunto concierto para delinquir en el financiamiento voluntario de grupos paramilitares que generaron el despojo y desplazamiento de las víctimas, considerando este delito como de lesa humanidad.

Esta sentencia tuvo después otra decisión judicial y fue la de investigar a Bananeras de Urabá S.A. por poner en riesgo de calamidad ambiental a la región, al dejar las tierras que debía restituir sin mantenimiento y sin fumigación antes de que se pudiera realizar su entrega material a los beneficiarios de la restitución, entrega que está suspendida por la pandemia Covid 19.

Las decisiones judiciales se dieron a conocer al tiempo en que una investigación comparativa de 5.611 sentencias realizada por la Fundación fue publicada. En ésta, construida a partir de los fallos judiciales, se da a conocer que 66 empresas colombianas e internacionales entre agroindustriales, mineras y financieras han sido condenadas en estos 9 años por despojo y abandono de tierras.

Es de anotar que, ante la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, en el caso 004 se encuentran con indicios y elementos de prueba nombres de algunos responsables del sector empresarial en planes criminales contra comunidades negras, indígenas, campesinas, y que son competencia de este órgano judicial.

En junio de 2020, producto de los fallos judiciales que condenan a la empresa Bananeras de Urabá, el certificador global FLOCERT le retiró la certificación de Fairtrade.  

Desde que se dieron a conocer estas decisiones judiciales, la Fundación Forjando Futuros y Gerardo Vega, su director, vienen siendo víctimas de una campaña de desprestigio y desinformación a través de redes sociales y de medios de comunicación en la que a través de la manipulación mediática se pretender crear un clima de opinión en favor del sector empresarial que ha sido condenado judicialmente.

Además, determinados empresarios han organizado montajes judiciales para atacar por la vía jurídica a las ONG defensoras de DDHH que trabajan en Urabá, entre ellas y fundamentalmente a la Fundación Forjando Futuros y, de manera particular, a su director.

Urabá es una región en la que el 64,30% de su población ha sido reconocida por el Estado como víctima del conflicto. La citada campaña está forzando a que la población de la región tome partido por uno de dos actores: el de las empresas, presentadas como las generadoras de empleo, o el de las ONG, a las que culpan de las decisiones judiciales que condenan a los dueños de ciertas empresas.

La situación anteriormente descrita, en una región en la que persiste la presencia y control de grupos armados ilegales, afecta la seguridad, la reputación y pone en riesgo la vida e integridad personal de Gerardo Vega, del equipo de la Fundación Forjando Futuros, el de otras ONG y de la propia población víctima reclamante de tierras, sin tener en consideración el alto número de defensores/as de dd.hh. y líderes/as sociales que han sido asesinados, entre ellos reclamantes de tierra de la región. Esta situación ocurre ante la mirada indulgente del Gobierno y unas instituciones judiciales que, lejos de generar condiciones para el trabajo de las organizaciones y liderazgos sociales en Colombia, aprovecha la contingencia del Covid-19 como cortina de humo que oculta la cada vez más difícil tarea de defender los derechos humanos y tratar de proteger el Acuerdo de Paz en Colombia.

En tal sentido estamos haciendo un llamado a la comunidad nacional e internacional para que exija al Gobierno Nacional y demás autoridades competentes para que tomen acciones tendientes a garantizar que se respete la vida, la seguridad e integridad personal de los defensores de derechos humanos que se encuentran en riesgo, en particular del director de la Fundación Forjando Futuros Gerardo Vega.

Se adjunta la documentación que soporta la situación jurídica de las empresas bananeras de la región de Urabá.

1. Auto Interlocutorio No. 27 del 29 de mayo de 2020 Tribunal Superior de Antioquia
2. Sentencia No. 02 del 12 de marzo de 2020 Tribunal Superior de Antioquia
3. Sentencia No. 059-02 del 12 de junio de 2018 Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución 

Y para que así conste,

Luz Nely Osorno Ospina
Presidenta
Instituto Popular de Capacitación- IPC

I Danilo Rueda
Secretario Ejecutivo - Director
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz- J&P

Adriana Arboleda Betancur
Directora
Corporación Jurídica Libertad- CJL

Gustavo Gallón Giraldo
Director
Comisión Colombiana de Juristas- CCJ

Carlos E Mejía 
Director ejecutivo 
Oxfam Colombia

Camilo González Posso
Presidente
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- Indepaz

León Valencia Agudelo 
Director 
Fundación Paz y Reconciliación - PARES-

Ana Arranz
Coordinadora General
Asamblea de Cooperación por la Paz- ACPP

Gerardo Vega Medina
Director
Fundación Forjando Futuros- FFF