Litigio en tierras y derechos territoriales

Después de 20 años de la masacre, el Naya sigue resistiendo la violencia y abandono estatal

Se cumplen 20 años de la masacre del Naya, de una comunidad de campesinos, pescadores, indígenas y afrodescendientes que viven en una de las rutas centrales para el tráfico de drogas, librando una guerra ajena a ellos.

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Bogotá, 11 de abril de 2021. El 11 de abril, mientras transcurría la Semana Santa del año 2001, pasó a la memoria de los habitantes de la región del Naya, ubicada en límites de los departamentos Cauca y Valle del Cauca, como una fecha marcada por el dolor y la barbarie.

La tragedia vivida por comunidades campesinas, indígenas y afro en los hechos que serían conocidos años más tarde como la “masacre del Naya”, ocurrió en un contexto caracterizado por condiciones de absoluta precariedad, de ausencia del Estado colombiano y de la falta de garantías para el goce efectivo de derechos. A estas difíciles situaciones también se sumó un proceso de estigmatización contra los pobladores de la región, quienes fueron ampliamente señalados por medios de comunicación y altos funcionarios del gobierno nacional como colaboradores de la guerrilla.

El siniestro recorrido de los paramilitares pertenecientes al Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia por la región provocó un número indeterminado de muertes. Los pobladores que recuerdan lo sucedido aseguran que los homicidios superaron las 100 personas. Sin embargo, la cifra puede ser mayor, teniendo en cuenta que muchas de las víctimas fueron arrojadas a los abismos, que en algunos lugares de la región superan los 1000 metros de profundidad, por lo que sus cuerpos nunca lograron ser recuperados. Los registros institucionales dieron cuenta del desplazamiento masivo de unas 3000 personas y de la ocurrencia de decenas de torturas, desapariciones forzadas y mutilaciones (particularmente en mujeres), quienes, además, fueron víctimas de vejámenes y agresiones sexuales.

Después de 20 años de la masacre, la situación del Naya no es muy distinta. El fracaso en los planes del paramilitarismo de hacerse al control del Pacífico colombiano no representó una oportunidad posterior para construir Estado en estas zonas. Por el contrario, las víctimas, quienes fueron abandonadas y en el mejor de los casos recibieron ayudas humanitarias, han liderado procesos de retorno sin contar con ningún tipo de garantía ni el debido acompañamiento institucional. 

Hombres como Hugo de Jesús Giraldo y Mario Chilhueso lideraron durante años (y sin ningún apoyo) procesos de organización campesina y de reconocimiento de derechos para las víctimas de la masacre; sin embargo, la situación de abandono estructural del Estado se mantiene como una constante tras 20 años de lo ocurrido. Hace un año precisamente, durante abril, en una triste coincidencia con el mes en el que se conmemoraba un aniversario más de la masacre, Hugo Giraldo y Mario Chilhueso fueron vilmente asesinados. Las acciones de sus asesinos, que se enmarcan en un contexto de continuidad de la disputa por el control territorial de la región del Naya entre actores armados, las economías ilegales y la absoluta falta de presencia de la institucionalidad, arrancaron de tajo la historia de lucha y de resistencia de dos hombres que se dedicaron a buscar el progreso y el bienestar para sus comunidades.

Sus vidas y el desenlace trágico que marcó para siempre a sus familias y que dejó un vacío profundo en el tejido comunitario, vienen a ser la mejor síntesis de una realidad paralela que existe ante los ojos de un Estado que se sigue negando a aceptar lo que allí ocurre, a actuar decididamente para transformar las condiciones de vida de los pobladores del Naya y a ponerle fin de una vez y para siempre al reciclaje continuo de los fenómenos de violencia que allí tienen lugar.

Comisión Colombiana de Juristas