Comunicación y RRPP

El Estado, en cabeza del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, y el comandante del Ejército Nacional, mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, ofreció disculpas públicas a la familia de Alix Fabián Vargas Hernández, asesinado y posteriormente desaparecido forzadamente en la modalidad de 'falso positivo', por militares adscritos al grupo de caballería mecanizado No. 1 "José Miguel Silva Plazas". 
 

Entre el 13 y el 16 de junio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó en Bucaramanga las observaciones que tienen las víctimas acreditadas en el Caso 01 (Toma de rehenes, graves privaciones a la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP) sobre los aportes de verdad que hicieron los exintegrantes del Bloque Magdalena Medio durante la audiencia de versión voluntaria colectiva, que se llevó a cabo entre el 13 y el 17 de febrero del año en curso.

Durante la diligencia se presentaron 34 casos, de los cuales la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) representa a 27 personas; 3 de ellas sufrieron delitos relacionados con desaparición, 3 violencia sexual y 2 padecieron tomas a estaciones de Policía.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en cabeza de Carlos Antonio Murillo, subdirector de servicios forenses de esa entidad, dijo que en un plazo no mayor a cuatro meses entregaría un informe detallado de los 53 casos que ha recibido de personas enterradas en el cementerio alterno de El Copey (Cesar), que corresponderían a víctimas de paramilitarismo y de jóvenes presentados falsamente como bajas en combate por agentes del Estado, mal llamados ‘falsos positivos’. Este anuncio se hizo durante la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre este terreno, que se llevó a cabo el pasado 23 de junio en Valledupar.

Durante la diligencia, a la que asistieron familiares de víctimas y representantes de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), Medicina Legal, Fiscalía, Procuraduría y Alcaldía de El Copey, las instituciones se comprometieron a articular esfuerzos para encontrar e identificar a las personas que están en el cementerio alterno.

Entre el 21 y 23 de junio se llevó acabo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde los países miembro discutieron los temas principales que afectan a la región. Les contamos qué dijimos desde la Coalición de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, de la cual hace parte la Comisión Colombiana de Juristas:

Martha y Camila eran dos lideresas que sobrevivieron a las dos masacres que se cometieron en el corregimiento n.° 8 de Buenaventura, en mayo del año 2000 y en junio de 2003. Eran dos mujeres aguerridas, luchadoras, que juntaron a su comunidad, a pesar del miedo, para exigir sus derechos. Ellas se murieron esperando justicia y una reparación que no han llegado. Tampoco obtuvieron ni la verdad ni las garantías de no repetición que les permitieran vivir tranquilas en su territorio.

Conoce la historia completa en el especial de la Revista RAYA, escrito por Paola Sánchez, jefa de prensa de la Comisión Colombiana de Juristas. 

Más de 588 de plataformas, coaliciones, redes y organizaciones reconocidas por su trabajo en derechos humanos en Colombia, las cuales han dedicado meses a hacer seguimiento al cumplimiento por parte del Estado colombiano de las recomendaciones del Examen Periódico Universal -EPU- 2018, presentaron un informe alternativo ante la ONU para complementar la información analizada en el examen.  Dicho informe es vital para que el Estado identifique los graves incumplimientos que presenta el país en la protección de DD. HH. y de paz, y atienda las recomendaciones que se presenten para mejorar esta situación.

Organizado en once capítulos, el informe refleja el panorama de derechos humanos, derecho internacional humanitario y construcción de paz en el país, a la luz de las recomendaciones formuladas en 2018.  La confluencia de entidades de la sociedad civil que realizaron el informe alternativo realizaron la presentación pública en la ciudad de Bogotá, el pasado miércoles 21 de junio. 

En un día histórico para las y los campesinos de Colombia, el 13 de junio, el Congreso de la República aprobó dos proyectos de acto legislativo en los que reconocen la lucha del campesinado. El primero creó la jurisdicción agraria y rural, y el segundo elevó a norma constitucional al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. El avance en la discusión y aprobación de estas reformas constitucionales representa un primer paso necesario e importante para saldar la deuda del Estado con el campesinado.

Desde la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- saludamos y reconocemos la importancia que tienen estas reformas que, en su conjunto, contribuyen al aumento de los estándares de protección y nutren las herramientas ya existentes para el ejercicio del derecho a defender derechos, la protección de la vida y el acceso a la justicia de líderes y lideresas agrarias y ambientales.

Las organizaciones de derechos humanos y de víctimas solicitamos la derogatoria del decreto 2149 del 20 de diciembre de 2017 por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, y en consecuencia, se sirva dictar una nueva norma de creación del Sistema orientada por el informe de recomendaciones de la Comisión Asesora para la depuración de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 1621 de 2013.