Tribunal confirmó la condena contra Jaime Ernesto Gómez, escolta de Carlos Pizarro
A inicios de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Jaime Ernesto Gómez Muñoz, quien fue escolta de Carlos Pizarro e integrante del extinto DAS, por su participación en el magnicidio del candidato presidencial, ratificando los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo, y la pena de 243 meses de prisión e interdicción de derechos por 10 años impuesta en primera instancia.
El magnicidio de Pizarro continúa bajo análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió un informe de fondo recientemente.
Rutas en vivo | La Danta ¿Restitución de tierras en un Parque Nacional?
El 4 de noviembre, en el Teatro Libre de Chapinero, vivimos junto a Rutas del Conflicto una puesta en escena sobre el caso de la comunidad campesina de La Danta.
A través del performance ¿Restitución de tierras en un Parque Nacional?, esta comunidad compartió su historia de resistencia y esperanza, marcada por el despojo, el desplazamiento y la búsqueda de justicia y reparación integral.
Colombia adoptó un nuevo mecanismo internacional para prevenir la tortura
Este año, la Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT) celebró la ratificación y el depósito oficial del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura (OPCAT), un hito que Colombia postergó por casi dos décadas y que representa un avance clave en la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este logro es fruto de más de 20 años de trabajo persistente de la CCCT y de múltiples organizaciones defensoras de derechos humanos, y abre la puerta a fortalecer las garantías en contextos de privación de libertad mediante mecanismos de monitoreo independientes.
La Rama Judicial fue condenada por usar lenguaje discriminatorio contra una mujer víctima de violencia sexual
Como otro de los avances de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable a la Rama Judicial por los daños causados a una víctima de violencia sexual debido al lenguaje revictimizante usado por jueces en sus sentencias. El fallo reconoce las afectaciones sufridas por “Bárbara”, quien había denunciado amenazas por su labor de defensa de derechos sin recibir protección y, tras ser víctima de violencia sexual y otras violaciones, enfrentó demoras y un trato inadecuado en el proceso judicial.
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Entrega digna de Gilberto González Hernández
En un espacio emotivo, la familia y la comunidad le dieron el último adiós al señor Gilberto González Hernández, a quien buscaron durante 13 años después de que fuera secuestrado por las extintas Farc-EP, guerrilla que solicitó una suma de dinero a cambio de su liberación.
Los familiares manifestaron su tranquilidad y gratitud al recibir al señor Gilberto; sin embargo, señalaron que aún no cuentan con todas las garantías de verdad sobre lo ocurrido, por lo que ahora, tras haber dado el último adiós, es fundamental avanzar en el esclarecimiento.
¡La comunidad de Puerto Nuevo tendrá puente!
Después de años de lucha, la comunidad de Puerto Nuevo tendrá por fin un puente: una sentencia de la Corte Constitucional ordenó su construcción, garantizando así la movilidad segura de las y los habitantes de este corregimiento de Montelíbano, Córdoba, víctimas del conflicto armado, campesinos e indígenas Zenú, quienes han cruzado la quebrada El Perro por una estructura levantada con su propia mano de obra y recursos. La decisión llega después de que, en 2024, la comunidad y la Comisión Colombiana de Juristas interpusieran una tutela para proteger sus derechos a la vida, integridad, salud y educación, inicialmente negada en dos instancias, pero hoy convertida en un triunfo que cambiará sus condiciones de vida.
Participamos en una experiencia de investigación a encuentro global de la ONU en Tailandia
La Comisión Colombiana de Juristas participó este año en la reunión del Grupo de Expertos sobre Datos Ciudadanos en Tailandia, organizada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA por sus siglas en inglés), un espacio que reunió a instituciones estatales, sociedad civil, academia y organismos internacionales para avanzar en la implementación del Marco de Copenhague. Ahí presentamos nuestra experiencia en la producción independiente de datos a través de la Base de Datos de Violencia Sociopolítica, activa desde 1996, y la Red MadPaz, que permite a organizaciones territoriales registrar y gestionar información sobre violencia sociopolítica de manera segura. Nuestra participación contó con el apoyo logístico de Open Data Watch.
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