Congreso avanza en iniciativas que amenazan el funcionamiento de la JEP y la búsqueda de personas desaparecidas

Bogotá D. C., 21 de septiembre de 2026. Desde la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) alertamos al Congreso, a la opinión pública y a la comunidad internacional sobre un conjunto de iniciativas legislativas y otras propuestas que están por debatirse en el marco del trámite de la ley del Presupuesto General de la Nación para 2027. En conjunto, todas ellas buscan debilitar la independencia y la capacidad operativa del Sistema Integral para la Paz. Esto constituye una grave regresión que favorece la impunidad y amenaza con vulnerar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

A continuación, nos referimos a las cuatro iniciativas que motivan esta alerta: 

1. Propuestas de recorte de $100.000 millones a la JEP

Como parte de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, en las Comisiones Terceras y Cuartas del Congreso avanzan dos propuestas que buscan recortar $100.000 millones del presupuesto de la JEP. El 16 y el 17 de septiembre se radicaron, respectivamente:

• Una proposición del Centro Democrático, que busca trasladar esos recursos al Ministerio del Deporte.

• Una del partido Salvación Nacional, que busca trasladarlos a la Rama Judicial.

La aprobación de cualquiera de ellas provocaría una parálisis operativa de la JEP y limitaría el avance de las investigaciones y sanciones por graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por exintegrantes de las antiguas Farc-EP y por la Fuerza Pública. Son las víctimas del conflicto armado quienes asumirían las consecuencias de esta decisión.

Por supuesto, la justicia ordinaria debe contar con recursos suficientes para su adecuado funcionamiento, pero es responsabilidad del Gobierno asegurar que toda la administración de justicia esté debidamente financiada, y no es admisible pretender resolver la crisis de parte del sector a costa de generar otra en la JEP. En cualquiera de los dos casos, quienes pagan el costo son las víctimas. 

2. Desfinanciación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

Paralelamente, la CCJ alerta sobre la grave desfinanciación de la UBPD y el riesgo que ello representa para las familias. Los recursos de inversión de la entidad para 2027 serían solo de $59.636,5 millones, frente a una necesidad técnica formulada de $112.002,5 millones. Esto significa un déficit de $52.366 millones y $16.636,5 millones menos que en 2026.

Este recorte:

• Pone en grave riesgo la búsqueda de más de 137.000 personas desaparecidas.

• Frena la localización activa de 10.000 personas presumiblemente vivas.

• Impide realizar 10.000 prospecciones forenses en 15.000 puntos identificados.

• Obliga a cerrar al menos la mitad de sus centros integrales forenses.

• Imposibilita la participación efectiva de las familias de las víctimas.

Detrás de estas cifras hay familias que llevan décadas buscando a sus seres queridos. Recortar los recursos para la búsqueda es prolongar su incertidumbre y dolor.

3. Revisión de las sentencias de la JEP por la Justicia Penal Militar

Ante la Comisión Primera del Senado de la República se tramita el Proyecto de Acto Legislativo No. 04 de 2026, que pretende modificar el artículo 21 del título transitorio de la Constitución para establecer una revisión extraordinaria, ante el Tribunal Superior Militar y Policial, de las sentencias sancionatorias que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profiera contra miembros de la Fuerza Pública.

De aprobarse, esta medida despojaría al Tribunal para la Paz de su condición de órgano de cierre, quebrantaría el principio de juez natural independiente e imparcial y desconocería el Acuerdo Final de Paz y los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano.

4. Nueva iniciativa para limitar el funcionamiento de la JEP

A esto se suma que un senador del partido Movimiento Nacional anunció que presentará un acto legislativo para modificar el funcionamiento de la JEP. Su propósito es evitar una eventual prórroga de su periodo de funcionamiento y trasladar la fase de juicio a los tribunales de Justicia y Paz.

La JEP fue concebida para funcionar por un periodo inicial de 15 años, con la posibilidad de una prórroga de 5 años, lo que establece un límite máximo de 20 años. Impedir la prórroga y trasladar la fase de juicio a otra jurisdicción reduciría el tiempo y las competencias de la justicia transicional cuando aún hay miles de víctimas esperando respuestas.

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El Sistema Integral de justicia transicional, y las instituciones que lo componen, hace parte de la Constitución, del Acuerdo Final de Paz y de los compromisos internacionales asumidos por Colombia en el marco del derecho internacional, lo que genera una obligación del Estado frente a las víctimas. Debilitarlo, ya sea por vía normativa o presupuestal, representa un incumplimiento de estos compromisos, así como la apertura de una puerta hacia la impunidad.

Por lo anterior, desde la Comisión Colombiana de Juristas hacemos un llamado:

1. Al Congreso de la República para que niegue las proposiciones de recorte presupuestal a la JEP y a la UBPD, asegure la suficiente financiación para el cumplimiento del mandato por parte de ambas instituciones, y archive el Proyecto de Acto Legislativo No. 04 de 2026.

2. Al Gobierno Nacional para que garantice los recursos suficientes  para el funcionamiento pleno y autónomo del Sistema Integral para la Paz y de toda la administración de justicia en el país.

3. A la comunidad internacional y a los órganos de protección de derechos humanos para que mantengan un seguimiento estricto y verifiquen el cumplimiento de los compromisos internacionales en cabeza del Estado colombiano.

La CCJ continuará acompañando a las víctimas y dando seguimiento a estas iniciativas ante las instancias nacionales e internacionales.

Comisión Colombiana de Juristas