Balboa y la consulta previa

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Entre las múltiples poblaciones indí­genas que atacó Vasco Núñez de Balboa en su conquista del Darién, luego de descubrir el rí­o Atrato en 1512, se destaca la de Abibeyba, que viví­a en las copas de los árboles para protegerse de la humedad, de las fieras y de tribus rivales. Derribando los árboles que les serví­an de vivienda, Balboa sometió a los indí­genas que no perecieron en el ataque [1]. Tal parece que el espí­ritu exterminador de Balboa sobreviviera en algunas autoridades empeñadas aún hoy en arrasar los territorios de la comunidad Emberá-Katí­o en los resguardos de Chidima y Pescadito, en Acandí­ (Chocó).

Promotores de la carretera panamericana pretenden conectar los municipios de Acandí­ y Unguí­a construyendo cuatro kilómetros donde viven aproximadamente 125 indí­genas, en dos resguardos separados. Desde 2007 la Defensorí­a del Pueblo advirtió "que el trazo de la carretera pasa por la mitad de ambos Resguardos y, especí­ficamente, por los lugares donde están asentadas las viviendas de las comunidades" [2]. La Corte Constitucional acaba de declarar que ello violarí­a los derechos de los Emberá, por lo cual ordenó la suspensión de las obras y la realización de consulta previa con la comunidad por parte del ministerio del Interior, conforme al Convenio 169 de la OIT, para estudiar once alternativas que existen a la ví­a (sent. T-129/11) [3].

El Tribunal Superior de Quibdó habí­a negado en primera instancia la tutela porque, a su juicio, "los intereses generales y la convivencia de las luces de progreso que (...) se abrirí­an con la unión de este corredor vial (...) es mayor que aquel importante pero escaso número de alrededor de 150 integrantes de los resguardos" [4]. En el fallo de segunda instancia, la Sala Civil de la Corte Suprema concluyó que habí­a "ausencia de demostración de quebrantamiento o amenaza de los derechos fundamentales invocados" [5]. Igual debió pensar Balboa al derribar los árboles de los nativos de Abibeyba.

Quizás Balboa tuvo un atenuante, pues él no conoció el informe de la Defensorí­a, ni tampoco el pronunciamiento de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT que en marzo de 2009 recomendó expresamente al Gobierno colombiano "que garantice plenamente la posesión y propiedad" de estos pueblos y "que suspenda las actividades derivadas de concesiones de exploración otorgadas y/o proyectos de infraestructura" mientras no se surta la consulta previa [6].

Las concesiones de exploración que menciona la OIT se refieren a actividades mineras realizadas también en territorio Emberá. Por ello, la Corte Constitucional ordenó la suspensión de toda actividad minera legal o ilegal en los resguardos en tanto no se surta la consulta previa. Igualmente, y para hacer frente a la colonización ilegal que los está afectando, ordenó al Incoder que en 120 dí­as determine si hay lugar al englobe o ampliación de los resguardos. Asimismo, concedió dos meses al ministerio del Interior para priorizar mecanismos eficaces de protección para estas comunidades.

Si Balboa hubiera estado obligado a acatar el informe de la Defensorí­a del Pueblo o las recomendaciones de la OIT, o hubiera realizado consulta previa con los ciudadanos de Abibeyba, ellos continuarí­an viviendo en las copas de los árboles a salvo del invierno, de las fieras y de los invasores, sin necesidad de valiosas tutelas como esta.