"Justicia y paz", otro falso positivo

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"El paramilitarismo está vivo. (...). Aún cierto sector de las Fuerzas Armadas y polí­ticos no han roto lazos con organizaciones ilegales", ha dicho el ex jefe paramilitar alias "Ernesto Báez" [1]. Así­, y con más de diez mil paramilitares en actividad (que las autoridades no reconocen), es evidente que el proceso realizado por el gobierno anterior con estos grupos no ha producido la paz, pese a la desmovilización de un número discutible de combatientes. De otra parte, sin desconocer algunos logros, como el descubrimiento de casi cuatro mil cadáveres o la confesión de más de 57 mil delitos, no hay duda de que la meta de verdad, justicia y reparación se encuentra muy lejana, si hay apenas tres paramilitares con sentencia en aplicación de la llamada ley de "justicia y paz" [2]. Muchas voces calificadas coinciden entonces en proponer su reforma porque la consideran fracasada en sus objetivos, luego de seis años de vigencia [3].

Un primer problema con esta propuesta es que una ley de reducción de penas para crí­menes de lesa humanidad -que en eso consiste la mencionada ley- solo se justifica jurí­dicamente en aras de la paz, y así­ lo dijo la Corte Constitucional al revisarla [4]. En ausencia de paz, lo lógico serí­a no conceder la reducción de penas. Solo serí­a admisible una reforma basada en el propósito de rescatar el máximo de verdad, justicia y reparación (y no simplemente en el de descongestionar el proceso), teniendo en cuenta los esfuerzos de todo orden invertidos en esta materia.

Un segundo problema es a quién se aplicarí­a dicha reforma. La Fiscalí­a dice que hay 4.500 postulados a la llamada ley de "justicia y paz", es decir, paramilitares que aceptaron acogerse a los beneficios ofrecidos por esa ley por haber cometido crí­menes de lesa humanidad [5]. Sin embargo, más de 3.000 de ellos no han comparecido a la Fiscalí­a, y son prófugos de la justicia, sin que a nadie le haya preocupado [6]. No bastarí­a reformar la ley, sino también capturar a estos más de 3.000 prófugos y aplicarles justicia.

Resuelto lo anterior, sí­ cabrí­a estudiar fórmulas para agilizar los procesos, con miras a favorecer ante todo los derechos de las ví­ctimas, más que los de los victimarios. Para ello, convendrí­a tener en cuenta al menos cuatro consideraciones. En primer lugar, garantizar efectivamente la participación plena de las ví­ctimas desde el inicio de las actuaciones. Ello implica la posibilidad de apelar la formulación de cargos, de tal forma que puedan incluirse delitos no considerados por la Fiscalí­a.

En segundo lugar, que se dé amplia publicidad a las audiencias (con la debida reserva cuando corresponda), para que la sociedad colombiana, como ví­ctima de estos crí­menes de lesa humanidad, tenga la oportunidad de conocerlos y superarlos. En tercer lugar, que se recupere la participación de los extraditados, lo cual requiere un empeño audaz de parte del Gobierno. Y en cuarto lugar, que haya una actitud más inquisitiva de la Fiscalí­a en relación con los procesados para que revelen la verdad. Bueno, y por supuesto, que se enfrente el paramilitarismo para que deje de estar vivo y se justifique esta ganga.