La manifiesta herencia de la esclavitud

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Así define la situación de la población afrocolombiana la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre Minorías, que visitó nuestro país y advirtió tres evidencias inocultables al respecto: una descomunal pobreza de las comunidades negras, una desproporcionada violencia en su contra y una sistemática inaplicación de las soluciones identificadas para eliminar esta persistente discriminación [1].

La Experta encontró que los cinco departamentos más pobres del país son los de mayor concentración de negritudes (Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó y Nariño), y que el 80% de ellas no tienen sus necesidades básicas satisfechas [2]. La tasa de mortalidad infantil en Chocó es de 54 por mil, mientras que en Medellín es de 8 por mil. El promedio nacional de mortalidad materna es de 74,9 muertes por cada cien mil nacimientos, y el de Chocó es de 227,4 [3].

Semejante miseria se da, paradójicamente, en territorios de inmensa riqueza minera, como en Suárez (Cauca) [4], o agrícola, como en Jiguamiandó y Curbaradó (Chocó) [5], que la Experta visitó, y donde encontró que el conflicto armado y los paramilitares están vigentes [6]. Allí la guerra y los megaproyectos económicos se confunden para usurpar tierras a las comunidades negras [7]. También en Buenaventura, por la ampliación del puerto y la construcción de una conexión a la carretera panamericana [8]. Pudo percibir así que las y los afrodescendientes representan casi la tercera parte de la población desplazada, y que más del 12 por ciento de todos ellos viven en situación de desplazamiento forzado: aproximadamente 1.300.000 personas [9]. Por eso, y por el asesinato de numerosos líderes [10] y mujeres [11], la Experta califica esta violencia contra la población negra como desproporcionada, al igual que su pobreza [12].

Lo que más le causó sorpresa es la inmensa impunidad de esos crímenes, empezando porque menos del uno por ciento de los casos de desplazamiento son procesados [13]. Si no hay sanción judicial para la mayoría de los delitos que afectan a la población afrocolombiana, tampoco se aplican las fórmulas identificadas para prevenirlos. La Experta destaca el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y recomienda su fortalecimiento [14]. Insta a enfocarse en la prevención de nuevos desplazamientos y en facilitar un retorno seguro a sus tierras [15], conforme al auto 005 de la Corte Constitucional [16] y a los Principios de Naciones Unidas sobre Vivienda y Restitución de la Propiedad a Refugiados y Desplazados [17]. Destaca la importancia del derecho de consulta previa en relación con situaciones que afecten a las comunidades afrocolombianas [18], y enfatiza la necesidad de que se cumpla la ley 1257 de 2008 sobre violencia contra las mujeres [19].

Pide especialmente que se cumpla el derecho de prelación de las comunidades negras para la concesión de minas en sus territorios ancestrales, y que se les brinde asistencia técnica y financiera eficaz para desarrollos empresariales [20]. En síntesis, no se requiere mucho más que aplicar la Constitución, la ley 70 y los documentos Conpes que reconocen teóricamente los derechos de esta población en el país [21]. Dada su contundencia, es de esperar que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas urja al Gobierno, en sus próximas sesiones de marzo, a que ponga en práctica esta receta para superar por fin la herencia de la esclavitud en Colombia, receta que coincide con la de otros órganos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se han pronunciado repetidamente en el mismo sentido de manera reciente [22].