Consejo de Estado negó derechos en demanda de reparación directa a la pareja de Jaime Garzón

29 de abril de 2025.  El Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en el año 2021 reconoció el derecho a la reparación directa de la compañera sentimental de Jaime Garzón Forero, por los daños causados por el homicidio del periodista. 

Nuevamente, por la aplicación de un término de caducidad a un crimen de lesa humanidad, el Consejo de Estado cierra la posibilidad de que una víctima acceda a una reparación por vía judicial, en este caso revictimizando a la compañera de Garzón. 

El Consejo concluyó erróneamente que la pareja de Garzón tuvo conocimiento del daño y de la participación de agentes del Estado en el homicidio  desde hace más de dos décadas, pues ella había sido reconocida como parte civil en los procesos penales adelantados en este caso.  Sin embargo, la primera decisión de la justicia colombiana que admitió  la participación de agentes estatales en el crimen fue del año 2016, por lo cual ese argumento no sería válido. 

A pesar de que el caso versa sobre uno de los crímenes más emblemáticos contra un periodista y defensor de derechos humanos en Colombia, la sentencia de segunda instancia se limitó exclusivamente a analizar si la acción judicial fue presentada dentro del término legal, sin pronunciarse sobre los hechos, la responsabilidad del Estado o el derecho a la reparación integral. Esto, a pesar de tratarse de un crimen de lesa humanidad y una grave violación a los derechos humanos, lo que requería aplicar un enfoque constitucional y convencional en el análisis del caso.

Al centrar su fallo en una interpretación rígida de la caducidad, el Consejo de Estado desconoció los estándares internacionales que prohíben el uso de obstáculos procesales para negar justicia en contextos de graves violaciones. 

Esta decisión representa un grave retroceso en la garantía de los derechos de las víctimas; en lugar de aplicar un enfoque garantista, diferenciado y de género, el Consejo de Estado optó por un formalismo que desconoce el contexto de impunidad que ha rodeado el caso de Jaime Garzón y que aún impide conocer la verdad completa sobre los responsables de su asesinato.

Asimismo, plantea un debate crucial sobre la tensión entre los derechos de las víctimas y los principios de seguridad jurídica y estabilidad procesal, que en este caso guiaron el actuar de la administración de justicia.

La Comisión Colombiana de Juristas seguirá acompañando a la compañera de Jaime Garzón en su búsqueda de justicia y llamando la atención sobre lo revictimizante que resulta imponer límites de tiempo a las víctimas para que puedan alegar una reparación directa, desconociendo todos los obstáculos que estas enfrentan a la hora de acceder al sistema judicial. 

Comisión Colombiana de Juristas