La Rama Judicial fue condenada por usar lenguaje discriminatorio contra una mujer víctima de violencia sexual

30 de abril de 2025.  Mediante sentencia de segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia proferida el 28 de marzo de 2022 por el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa. Al no encontrar probada la caducidad, el Tribunal entró a realizar un estudio de fondo del caso. Reconoció la responsabilidad del Estado, concretamente de la Rama Judicial, por fallar en la administración de justicia al incluir un lenguaje indecoroso, irrespetuoso y discriminatorio contra una mujer en dos sentencias de la jurisdicción penal.

"Bárbara” había denunciado reiteradamente ante la justicia ordinaria colombiana los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas que sufrió como represalia por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres, y solicitó en reiteradas ocasiones protección del Estado, pero no obtuvo respuesta. Cuando finalmente las amenazas se cumplieron, y dieron lugar a su privación de libertad, violación y tortura, ella formuló la correspondiente denuncia, y en el proceso judicial se encontró con la dilación de las investigaciones y con acusaciones revictimizantes por parte de los funcionarios judiciales.  Ante la persistencia de la impunidad en la justicia colombiana, el caso es analizado actualmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-.

Hace unas semanas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la Rama Judicial reparar a “Bárbara”, como se identificó a la víctima en la sentencia para proteger su intimidad, por concepto de daño moral causado por el lenguaje empleado en las sentencias. Igualmente, el Tribunal ordenó a la Rama Judicial publicar en su página web un mensaje pidiendo disculpas a “Bárbara” con el fin de reparar su derecho al buen nombre y al honor.

Esta decisión representa un avance en la lucha de las mujeres por la aplicación del enfoque de género en la administración de justicia, pues reitera los estándares a tener en cuenta al analizar casos de violencia sexual y de género. Asimismo, permite evidenciar a la administración de justicia como un escenario en el que aún hoy se perpetúan conductas discriminatorias y revictimizantes contra las mujeres.

La sentencia además reconoció los obstáculos que enfrentan las mujeres para denunciar hechos de violencia sexual y de género ante el sistema judicial colombiano, y constituye un llamado a los operadores judiciales. Esto constituye un llamado a los operadores judiciales para que incorporen el enfoque de género en todas sus actuaciones.  Y que trabajen para superar las barreras que tienen las mujeres para acceder a la justicia en razón de su género.

La Comisión Colombiana de Juristas saluda esta decisión que resalta la importancia de la aplicación del enfoque de género en la administración de justicia y que reivindica el buen nombre de “Barbara” y todas las mujeres víctimas de violencias basadas en género.

Comisión Colombiana de Juristas