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Tras más de 20 años buscando justicia, el caso de la masacre de Campamento llegó a la CIDH

Miércoles 24 de marzo de 2021

Bogotá, 24 de marzo de 2021. La noche del 5 de junio de 1990, un grupo de personas vestidas con prendas de uso privativo de las fuerzas militares y de civil incursionaron en la vereda La Solita, municipio de Campamento (Antioquia).  Su propósito era masacrar a la familia Duque López, que se había desplazado forzadamente a la zona desde Puerto Valdivia, debido a las constantes amenazas que recibieron de miembros del ejército y grupos paramilitares por su simpatía y militancia en la Unión Patriótica.

No bastó con dejar sus tierras, su hogar, su arraigo. Hasta Campamento llegaron las manos criminales para asesinar a Marta María López Gaviria, Luis Gildardo López Gaviria, Elvia Rosa Velásquez Espinoza, Hernán Quintero y dos niñas, Ana Yoli Duque López y Marta Milena López. Darwin Cristóbal López, de ocho años, y Renso Antonio Duque Velásquez, de dos meses, resultaron heridos, pero sobrevivieron, como también lo hizo Francisco Luis Duque.

Después de 30 años de inoperancia estatal, de la desidia investigativa y del olvido al que han sido condenados los hechos violentos que ocurrieron con la perpetración de esta masacre ocurrida en Campamento, este miércoles 24 de marzo se llevó a cabo una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego de más de 20 años de litigio, este órgano internacional convocó a las partes a un encuentro en el que fueron presentados los alegatos finales, previos a la expedición del informe de fondo, en el cual la CIDH determinará si hubo violaciones a los derechos humanos. La audiencia, presidida por las y los comisionados, contó con la participación de dos familiares que sobrevivieron a la masacre y que narraron los hechos y la impunidad que ha habido en el caso. Asimismo, estuvieron presentes abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), representantes de las víctimas de este caso.

En su alegato, la CCJ solicitó a la CIDH declarar la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la generación de un contexto de violencia sistemática y generalizada en contra de la población civil y de simpatizantes o miembros de la Unión Patriótica, que se dio a través de la promulgación de leyes que permitieron la creación de grupos de justicia privada, paramilitares, quienes en su actuar conjunto con miembros del Estado cometieron diversas violaciones a los derechos humanos en la región de Antioquia; y la declaración de responsabilidad del Estado por no poner en marcha medidas especiales destinadas a prevenir y proteger a la población civil del riesgo paramilitar que había creado.

Durante la audiencia pública también se solicitó a la CIDH declarar responsable al Estado colombiano por la violación de los derechos a la vida, integridad, familia y derechos del niño. Finalmente, se pidió declarar la responsabilidad estatal por la violación del plazo razonable en la investigación penal debido a que, transcurridos más de 30 años desde que ocurrieron los hechos, no se ha vinculado a ninguno de los responsables ni se ha proferido sentencia condenatoria.

Deseosos de la verdad, justicia y de la reparación que ha negado el Estado por más de tres décadas a la familia Duque López, este es un escaño más que se surtirá ante el Sistema Interamericano, cuyo fin inmediato es la expedición por parte de la Comisión del informe de fondo, en el cual se declare la responsabilidad internacional del Estado, y cuyo fin último para los sobrevivientes de la masacre y los familiares de las víctimas es que en estos hechos no siga reinando la impunidad.

Comisión Colombiana de Juristas