Columnas de opinón

El Palacio de Justicia y la paz

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La paz entre el Estado y la sociedad es lo que está en juego en el juicio sobre el Palacio de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicho juicio, el Gobierno ha dado un paso adelante al dejar de negar que hubo desapariciones, que fue la estrategia que tuvo desde cuando las víctimas lo demandaron ante el sistema interamericano. Eso está bien, porque significa una apertura a reconocer la verdad de lo sucedido. Pero está mal porque se limitó a admitir lo mínimo, aquello por lo cual teme que pueda ser condenado porque ha visto que no tiene defensa posible: la desaparición de dos personas y dos casos de torturas por acción, y otros casos por omisión.

El Gobierno pretende tercamente ganar el juicio no porque las otras nueve desapariciones no hubieran ocurrido, sino porque no ve un peligro fatal de que la Corte encuentre evidente su responsabilidad. Con la ayuda de un costoso equipo de abogados y funcionarios, se esfuerza en diseñar argumentos vergonzosos, como que no tuvo "seguridad jurídica" porque tal o cual regla no se aplicó como él la entendía, como si el Gobierno hubiera estado desvalido durante los 23 años de trámite del caso. Como si no fuera claro, por encima de todo, que esas otras nueve personas estaban en el Palacio, y sus cuerpos no aparecen entre los restos que se encontraron en el lugar, ni en los sitios donde fueron enterradas otras víctimas, y tampoco habrían podido desintegrarse totalmente por la incineración, según los dictámenes técnicos. Como si no existieran grabaciones fidedignas de las órdenes militares impartidas durante la operación en el sentido de arrasar con todo sin reparar en gastos. Como si el conjunto de los hechos no fuera contundente en indicar que todas las personas incluidas en la demanda fueron desaparecidas por el ejército igual que las dos cuya desaparición reconoce el Gobierno, y que el magistrado Gaona fue asesinado igual que el magistrado Urán, sacados vivos del Palacio y luego sus cadáveres puestos adentro del edificio para hacerlos pasar falsamente por muertos en el fuego cruzado.

Esa estrategia está basada en que no aparezcan más pruebas. Pero las pruebas que la Corte considera son las que produce la Fiscalía colombiana. O sea que objetivamente las y los abogados del Gobierno apuestan a que la Fiscalía no produzca más pruebas de la responsabilidad de los militares en el Palacio. Aberrante.

El día que el Gobierno reconozca plenamente las desapariciones y demás violaciones del Palacio de Justicia y le exija al Ejército revelar dónde están los desaparecidos, la sociedad podrá empezar a recuperar la confianza en las instituciones, que muchos colombianos han perdido, como lo han declarado las víctimas ante la Corte. Solo acabando con la farsa de considerar héroes a quienes desde las instituciones violan los derechos de la población desarmada podrá lograrse entre la sociedad y el Estado la paz decisiva para el país. Esa paz social es tanto o más importante que la paz militar que se está discutiendo en Cuba entre el Gobierno y las Farc, que también es crucial, sin duda.