Columnas de opinón

Blindajes

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Tiene razón en parte el ex presidente Gaviria cuando advierte que la justicia transicional en el actual proceso de paz debe aplicarse no solamente a las Farc sino a todos los protagonistas del conflicto. Se refiere así a “miles de miembros de la sociedad civil”, no combatientes, que “fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros”. También se refiere a los combatientes, y en particular a la Fuerza Pública. Si se trata de ponerle fin a la guerra de manera definitiva, propone entonces “definir de una vez por todas las responsabilidades judiciales de los distintos actores”.

Ese es un planteamiento acertado, pues hoy es claro que la paz no se pacta solamente entre los guerreros sino frente a las víctimas, cuyos derechos deben ser reconocidos y reparados, cualquiera que sea el victimario que los haya violado. De lo contrario, la paz estaría expuesta al reclamo incesante, por vías de hecho o de derecho, de quienes se sientan revictimizados por un acuerdo injusto. Por ello, es muy positivo que el ex presidente abogue por una “justicia transicional para todos” que garantice “la restauración del orden, la seguridad jurídica y la armonía social y política, condicionado este tratamiento a la no repetición, a la verdad y a la reparación, en aras de reconocer el daño causado a los civiles que han sido víctimas del conflicto armado”.

Pero su planteamiento parece extraviarse cuando propone “que los no combatientes reciban indulto a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdón y de su voluntad de reparar a las víctimas”, y que la Fuerza Pública quede “blindada para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían sido cubiertos por medidas de indulto o punto final”. No es admisible el indulto para violaciones de derechos humanos ni para infracciones graves al derecho humanitario. Es vana la pretensión de “blindar” su responsabilidad, pues tarde o temprano se reventará ese blindaje, si no se hace justicia.

Justicia transicional para todos no significa impunidad, sino mecanismos que permitan lograr el máximo de justicia posible en situaciones de transición donde es difícil o imposible el funcionamiento de los mecanismos regulares. Significa sí la posibilidad de reducir o sustituir penas, siempre y cuando se reconozca el daño, se pida perdón, se ofrezca una reparación seria, y se garanticen otros elementos del derecho a la justicia, como la verdad, la declaración de responsabilidad y la no repetición. Si no, tendría razón el ex presidente Uribe, quien, sin autoridad moral, se opone al proceso de paz porque supuestamente ofrece impunidad, según su carta al ex senador Álvaro Leyva del pasado 9 de noviembre.

La Corte Constitucional ya ha señalado que no puede renunciarse a la persecución judicial penal de las violaciones de derechos humanos, y el Gobierno y las Farc han anunciado desde La Habana que no van a “intercambiar impunidades”. Si hay que blindar algo en este proceso es la justicia transicional para que sea verdadera justicia, y justicia para todos.