Columnas de opinón

Pacto de derechos humanos: para vivir en paz

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Cómo lograr un compromiso serio con los derechos humanos debería ser la preocupación principal del Estado y de todas las fuerzas políticas y sociales en Colombia en el momento presente, ante las perspectivas de un próximo acuerdo de paz con las guerrillas.

Este es un asunto al cual no se le está prestando la atención suficiente, quizás por la urgencia de otros temas también importantes, como los de justicia y garantías de no repetición. Pero, en estos otros temas, tanto el Gobierno como las Farc se han dotado de asesores jurídicos de alto nivel, conocedores de los requerimientos y posibilidades del derecho internacional, lo cual augura un final inteligente y digno, sin impunidad. De igual manera, una comisión de comandantes militares y guerrilleros está ultimando los detalles de dejación de armas, lo cual hace presumir que la fórmula que resulte será de calidad. En fin, los generales Mora y Naranjo han certificado públicamente que las Farc están decididas a concretar la paz y a hacer una negociación honesta en La Habana. Ojalá sea igual con el Eln.

En contraste, ninguna mención se ha hecho de un grupo especial que promueva un pacto de derechos humanos para el posconflicto. Ciertamente, los avances logrados entre el Gobierno y las Farc sobre tierras y erradicación del narcotráfico pueden constituir insumos valiosos en esa dirección. Pero un pacto en derechos humanos tiene que ir mucho más allá, e involucrar no solamente a los negociadores de La Habana, sino al espectro político y social del país en su conjunto. Dicho pacto debería contener por lo menos tres aspectos:

En primer lugar, un acuerdo solemne de respeto a los derechos civiles y políticos, y especialmente a la vida, la igualdad y la libertad de expresión. Nadie debería ser asesinado en Colombia por sus preferencias u opiniones políticas, sexuales o vitales, ni por sus diferencias físicas o ideológicas. Todos los actores políticos y sociales deberían comprometerse a cumplir y a hacer cumplir esa consigna.

 

En segundo lugar, una promesa honorable de dar prioridad a la garantía de disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales básicos a toda la población colombiana en un plazo breve, por lo menos en alimentación, educación, salud y vivienda. Ningún habitante de Colombia debe ser analfabeta, y todas y todos deben tener asegurada siquiera la educación primaria y secundaria, además de su subsistencia, atención médica general y albergue.

Y, en tercer lugar, un propósito férreo de garantizar la seguridad a la población, teniendo a los derechos humanos como el fin de dicha seguridad y como el medio para lograrla. Superado el conflicto armado entre los colombianos, debe ser claro que los organismos de seguridad tienen que actuar en beneficio de todos los sectores de la población y contra todos los perpetradores. No más paramilitares. No más compatriotas considerados como enemigos internos del Estado.

Es prioritario generar ese pacto ciudadano por los derechos humanos, que permita darle solidez a la paz, luego del cese de hostilidades. Antes que pensar en reformas constitucionales, como proponen algunos, lo apropiado sería organizar desde ya un grupo promotor para la celebración y el cumplimiento de ese pacto fundamental.