Columnas de opinón

Acuerdo de paz y supervisión en derechos humanos

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"El Acuerdo de Paz cumple en términos generales con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Si se implementa de manera diligente, puede orientar al Estado hacia la superación de los desafíos estructurales relacionados con los derechos humanos”. Así lo señaló el pasado 22 de marzo el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra su informe sobre Colombia. Expresó, sin embargo, varias preocupaciones, de las cuales cabe destacar aquí cuatro:

Una preocupación constante es que Colombia deje de ser uno de los países “con mayores niveles de desigualdad en la región”. Para ello, la Oficina pide “adoptar medidas para lograr el goce de los derechos económicos, sociales y culturales en condiciones de igualdad, y desarrollar indicadores para evaluar su realización progresiva, especialmente en las zonas rurales”. Sobre todo en Chocó y La Guajira, donde los índices de mortandad infantil son alarmantes, así como la precariedad en educación, salud y agua potable. Para la Oficina, “el Acuerdo de Paz, en particular los puntos relacionados con la reforma rural integral y la solución al problema de las drogas ilícitas, brinda la oportunidad para enfrentar estos desafíos de manera integral”.

Una segunda preocupación tiene que ver con la continuación de la violencia sociopolítica, pese al fin del conflicto armado con las Farc. La Oficina registró el año pasado, contra defensoras y defensores de derechos humanos, 59 homicidios, tres desapariciones, un caso de violencia sexual y 210 amenazas. Además, “el desplazamiento forzado continúa a pesar del proceso de paz”, y habría afectado en 2016 aproximadamente a 13.864 personas.

Una tercera, muy relacionada con la anterior, se refiere a la necesidad de regular la política de seguridad, por lo menos en dos aspectos. De una parte, en cuanto a la relación entre Policía y Ejército, porque éste continúa asumiendo “tareas de seguridad ciudadana, desde el manejo de la protesta social hasta la lucha contra el crimen organizado”, que no le corresponden. No es algo casual, sino deliberado, pues “el Ministerio de Defensa decidió a finales de 2016 no trasladar recursos financieros de las Fuerzas Militares a la Policía Nacional”. De otro lado, las actividades de inteligencia estatal. El informe recuerda que “la Oficina y el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos han resaltado que el Gobierno debe esclarecer el alcance y la regulación de la facultad para monitorear el espectro electromagnético prevista en la Ley de Inteligencia y el nuevo Código de Policía”. El Gobierno está en mora de hacer públicas las recomendaciones sobre depuración de archivos de inteligencia que le formuló en julio del año pasado una comisión creada por la Ley de Inteligencia.

Y una cuarta preocupación, quizá la principal, es que las obligaciones contraídas en el Acuerdo se cumplan. Dicho Acuerdo reforzó el mandato de la Oficina para hacerle seguimiento precisamente a ese crucial tema. Así que la Oficina tiene mucho trabajo por delante, y requiere para ello el apoyo decidido de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.