Columnas de opinón

El buen uso del poder presidencial

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“El poder que le asiste al presidente de la República para dirigirse a la comunidad a través de los medios de comunicación no es libre, pues implica un deber correlativo de respeto por la objetividad”, según la Corte Constitucional (sent. T-1062/05). “Al presidente compete una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, que hace que cuando se dirija a los ciudadanos deba abstenerse de emitir cualquier declaración o afirmación que lesione o ponga en riesgo tal categoría de derechos” (sent. T-1191/04).

El presidente Duque ha actuado contra este deber de garante al calificar a Jesús Santrich de mafioso. Con ello ha desconocido además el principio de separación de poderes, conforme al cual son los jueces quienes deben definir si Santrich ha cometido el delito de narcotráfico que se le atribuye actualmente, y la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema y la Procuraduría son quienes pueden intervenir en los procesos judiciales en nombre del Estado para investigarlo y acusarlo, como lo están haciendo, o eventualmente favorecerlo. Al Gobierno no le corresponde pronunciarse sobre la responsabilidad penal de Santrich, ni de nadie cobijado por la presunción de inocencia, sino actuar como poder ejecutivo, de manera imparcial, para cumplir lo que en un sentido u otro dispongan los jueces.

También debe y puede actuar el presidente, como jefe de Gobierno, para desmantelar las mafias en el país, varias de las cuales fueron descubiertas por actuaciones del Ministerio Público y revelaciones de los paramilitares en el proceso de Justicia y Paz regulado por la Ley 975 en la década pasada. Ellas dieron lugar a numerosas compulsas de copias (se habla de 15.000) contra empresas e individuos que en la actualidad están activos en diversas regiones y que combinan prácticas legales e ilegales, algunas de ellas realizadas en el pasado y otras todavía en el presente. Se trata de actores que se han beneficiado del paramilitarismo, y que deben ser neutralizados por la Fiscalía, los jueces y el Ejecutivo para garantizar la vida y los derechos de muchas personas, entre ellas las y los defensores de derechos humanos y líderes sociales que están siendo asesinados cada dos o tres días en nuestro territorio.

Así que el presidente debe ser más cuidadoso y menos demagógico al referirse al fenómeno mafioso, pues no es azuzando a la opinión contra un excomandante guerrillero perteneciente a un partido de oposición como cumplirá con eficiencia el reto de aplicar a las mafias incrustadas en múltiples resquicios de la economía y la política, incluido el partido de gobierno, su consigna de que “el que la hace la paga”. Ni tampoco se hará realidad de esa manera su propósito de unir al país y de lograr un pacto político nacional.

El pacto que se necesita es el de respetar la Constitución y la ley, incluida la institucionalidad derivada del Acuerdo de Paz, empezando por el derecho a la vida, tal como allí está previsto. El presidente debería encabezar un llamado a renunciar a la violencia por parte de todas las fuerzas políticas y sociales y a orientar el ejercicio del poder al logro efectivo de la paz y de la legalidad.