Columnas de opinón

Baja nota en materia de tortura en Colombia

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El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura recomendó al Gobierno en noviembre de 2009 que ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual autoriza visitar cárceles a un Subcomité internacional de Prevención de la Tortura y a mecanismos nacionales independientes que los Estados se obligan a crear para el efecto [1]. Un año más tarde, el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario informó a la Defensorí­a del Pueblo que "el Gobierno considera que Colombia es un Estado garantista en materia de tortura (...) por lo cual no considera necesaria la ratificación del Protocolo Facultativo" [2]. Si realmente fuera garantista, no dudarí­a un segundo en atender la recomendación de ratificar el Protocolo.

Ello le habrí­a ayudado, de paso, a cumplir seis recomendaciones más, que el Comité consideró urgentes y para las cuales dio al Gobierno un plazo de un año para informarle [3]. El Comité se alista a examinar el informe que le rindió el Gobierno en abril de este año [4], luego de que en marzo hubiera recibido una amonestación recordándole que el plazo estaba vencido [5].

Una de esas recomendaciones urge a sancionar el delito de tortura, fortaleciendo la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalí­a y creando un sistema centralizado que permita identificar todos los casos de tortura y su investigación [6]. Como gran respuesta, el Estado informa sobre estudios, documentos Conpes y cursos realizados, así­ como sobre el presupuesto asignado a la fiscalí­a. Omite indicar que en 2009 la Dirección General de Fiscalí­as tení­a 10.471 investigaciones por tortura, que en la Unidad de Derechos Humanos no habrí­a más de 151 en noviembre de 2010, y que para 2011 la Unidad ha reportado 23 sentencias condenatorias [7]. Elocuente balance.

El sistema centralizado de información no se ha creado todaví­a, pero sí­ un subcomité integrado por la Fiscalí­a, el Consejo Superior de la Judicatura y el Programa Presidencial de Derechos Humanos que está estudiando el asunto [8]. El 15 de diciembre de 2004, en reunión del cuerpo diplomático con el presidente de la república, el Programa Presidencial reconoció que no tení­a información adecuada sobre tortura pero que esperaba tenerla para marzo de 2005. La esperanza es lo último que se pierde.

El estado de la mayorí­a de las otras recomendaciones urgentes es similar: hay once fiscalí­as ubicadas en brigadas militares, que el Comité pidió descontinuar [9]; se persiste en conceder amnistí­a de facto o reducción de penas en casos de torturas cometidas por paramilitares, aunque el Comité recomendó no hacerlo [10]; la ex directora del DAS está asilada en Panamá y su ex jefe es escuchado impunemente por la comisión de acusación, mientras que el Comité solicitó sancionar a los responsables de amenazar la independencia del poder judicial [11]; en 2010 habí­a 448 casos de asesinato de civiles en la justicia penal militar, contra la opinión del Comité [12].

Después de esta "rajada" segura en el próximo examen del Comité, lo sensato va a ser que el Gobierno ratifique por fin el Protocolo Facultativo, como lo hará con la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, que acaba de ser declarada constitucional por la Corte [13]. De las seis recomendaciones urgentes, esa sí­ podrá considerarse cumplida, al menos en parte [14]. Así­ habrí­a que hacer para pasar la materia y para actuar con urgencia.