Columnas de opinón

Un marco jurídico para renunciar a la justicia

---

El proyecto de reforma constitucional para prever un "marco jurídico para la paz", promovido por el senador Roy Barreras y el Gobierno, es una propuesta bien intencionada pero equivocada. En aras de facilitar negociaciones de paz, autoriza al Gobierno a conceder amnistías encubiertas para graves violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario.

No las llama amnistías, sino "renuncia a la persecución penal o suspensión de la ejecución de la pena". El derecho internacional ha esclarecido que se puede reducir la sanción por delitos atroces, pero los otros tres elementos que integran el derecho a la justicia tienen que ser garantizados: la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. No basta, como dice el proyecto, que los crímenes graves cometidos por las guerrillas den lugar a medidas de "justicia transicional", como un informe de una "Comisión de la verdad", o decisiones de reparación administrativa. Menos aceptable es que los militares que hayan violado los derechos humanos sean amnistiados, tal vez para compensarlos por la negociación de la paz.

Este proyecto se tramita como reforma constitucional, con lo cual la Corte quedaría maniatada para anularla. Pero los principios internacionales han calado hondo en la rama judicial y en la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, desde el ángulo jurídico, y también desde el político y social, la controversia y la resistencia a esta iniciativa pueden hacerla inoperante.

Para que un proceso de paz funcione es esencial que sea genuino. Si lo es, como lo fueron los celebrados en Colombia en los noventa, será bienvenido por la mayoría de la sociedad, y se encontrarán las fórmulas jurídicas adecuadas para encauzarlo. Si no es genuino, como no lo fue el proceso de los paramilitares en el Gobierno anterior, no habrá fórmula jurídica que valga para su aceptación nacional e internacional.

Un proceso con las Farc y el Eln tiene que implicar su reconocimiento de que han causado graves daños a la sociedad, que están dispuestos a repararlos y que sus principales dirigentes aceptan sufrir una sanción por ello. Es obvio que en principio dichos grupos no aceptarán tales condiciones, pero también es obvio que un acuerdo de paz que ignore los derechos de las víctimas no será bien recibido por la sociedad colombiana ni por la institucionalidad internacional de derechos humanos, incluidas la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual hará frágil o artificial la paz que así se consiga.

En vez de ver los derechos humanos como un obstáculo para la paz, debería valorarse la capacidad que tendría una política seria de derechos humanos por parte del Gobierno para generar confianza en relación con un eventual acuerdo de paz. En igual sentido operaría un compromiso de los grupos guerrilleros con el derecho humanitario. Es un camino difícil, pero es mucho más seguro que la fórmula simplista de la impunidad. Cualquier duda al respecto debería desvanecerse ante hechos tan execrables como el asesinato de los cuatro miembros de la fuerza pública la semana pasada, estando vilmente secuestrados hasta por catorce años.