Columnas de opinón

¿Quién le teme al Capítulo IV de la CIDH?

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La situación de derechos humanos en Colombia sería más grave de lo que es si no estuviera supervisada por los órganos internacionales de protección de derechos humanos. Entre dichos órganos sobresale la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en sus informes anuales ha venido incluyendo a Colombia en el Capítulo IV, dedicado a los países de mayor preocupación, sobre los cuales hace un diagnóstico y formula recomendaciones especiales. Cuba, Honduras y Venezuela también fueron incluidas en el Capítulo IV de su informe el año pasado [1].

El Gobierno colombiano se ha empeñado en que se elimine o se transforme ese Capítulo IV. Ha sido esa su principal propuesta en la discusión sobre reformas a la Comisión Interamericana en el Consejo Permanente de la OEA [2], que ayer aprobó por consenso en Washington unas recomendaciones preliminares [3]. Así como el Gobierno ecuatoriano pretendía debilitar la Relatoría sobre libertad de expresión, pidiendo que su presupuesto se redujera y se compartiera con las otras relatorías, iniciativa que no prosperó, el colombiano propone que en vez de hacer mención cada año a los países de mayor preocupación, la Comisión haga un diagnóstico de la situación en todo el hemisferio, planteamiento sobre el que se seguirá reflexionando.

Esta propuesta equivaldría a la modificación que se introdujo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se estableció un Examen Periódico Universal al cual deben ser sometidos todos los países cada cinco años. Pero esa experiencia no es necesariamente positiva, pues al diluir las energías de supervisión entre todos los países se distrae la capacidad de actuar frente a las situaciones más apremiantes. Tal capacidad es la que ha tenido la Comisión Interamericana ante agudas crisis de derechos humanos en el continente. La inclusión de Uruguay en el Capítulo IV y la histórica visita de la Comisión a la Argentina en 1979 fueron decisivas para superar la dictadura y sus violaciones de derechos humanos en esas naciones, según lo recordaron ayer sus respectivos embajadores.

La mejor manera de salir del Capítulo IV es mejorando la situación de derechos humanos en el país y no eliminando la supervisión internacional. Más aún, dicha supervisión, lejos de ser un estorbo, es una valiosa ayuda para vigorizar políticas que hagan frente a las manos criminales de derecha y de izquierda que el actual Gobierno ha denunciado como conspiradoras contra la restitución de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Igual ocurre con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que anualmente elabora un informe sobre la situación de derechos humanos y lo presenta al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Los Relatores de Naciones Unidas aportan también en la misma dirección cuando visitan el país, pero ninguno de ellos ha recibido invitación para venir a Colombia durante lo corrido de este Gobierno.

No vaya a ser que la nueva política exterior colombiana sea la de cerrar las puertas a la inspección internacional en materia de derechos humanos. Lo propio de un régimen que se pretenda democrático es abrirlas lo más posible.