Columnas de opinón

Júbilo inapropiado

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Como un "triunfo para Colombia" calificó el presidente Santos el nombramiento de un juez colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada [1]. Contagiado quizás de esa euforia, el magistrado Humberto Sierra Porto, a su turno, dijo que recibí­a con "emoción de patria" su elección por parte de la Asamblea General de la OEA [2]. Llama la atención semejante despliegue de nacionalismo.

Primero, porque este nuevo juez no va a representar al Gobierno colombiano en la Corte Interamericana, cuyos miembros deben actuar en forma independiente, como corresponde a su función, que es la de juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas por los Estados, incluido el colombiano. No habrá lugar a emoción patriótica ni a triunfo internacional cuando la Corte decida condenar o absolver a Colombia, con la participación del juez colombiano, a favor o en contra.

Segundo, porque este júbilo se da en medio de actuaciones del Gobierno colombiano hacia el sistema interamericano de derechos humanos que son poco amistosas, por decir lo menos. El Gobierno ha explicitado su aspiración de acabar con los informes especiales sobre paí­ses con situaciones particularmente graves en derechos humanos, que se incluyen en el Capí­tulo IV del informe anual de la Comisión Interamericana, y ha sido hostil con las medidas cautelares. Poco importa que ello agrave las embestidas de quienes quieren sin ambages eliminar la Comisión Interamericana, como Ecuador o Venezuela. La crí­tica del Gobierno colombiano a la Corte Interamericana no ha sido menos ácida, a propósito del caso de Mapiripán, en el que paradójicamente ha culpabilizado al sistema y a los representantes de las ví­ctimas de un error cuyo principal responsable es el propio Estado colombiano. ¿Por qué entonces tanta alegrí­a por "haber logrado" el nombramiento de un colombiano en un escenario tan vilipendiado por el Gobierno de Colombia?

Tercero, porque antes que empeñarse en nombrar colombianos en cargos internacionales de derechos humanos, a veces con éxito, como en este caso (y en otras no tanto, como en la OIT o en la Corte Penal Internacional), el Gobierno deberí­a centrar sus esfuerzos en producir una vigorosa polí­tica de derechos humanos, que brilla por su ausencia. Aparte de la ley de ví­ctimas, que no es desdeñable, el interés oficial se ha orientado más a promover la impunidad para violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario (a través del fortalecimiento del fuero militar o del llamado marco jurí­dico para la paz) que a desmantelar el paramilitarismo, cuya existencia insiste en negar, tal como el Gobierno anterior.

En tales condiciones, no se percibe que se pongan en práctica mecanismos serios de cumplimiento de las recomendaciones internacionales para enfrentar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las torturas o el desplazamiento. En diciembre debe realizarse, con participación de sociedad civil, comunidad internacional y Vicepresidencia, una conferencia sobre la polí­tica pública al respecto y se han celebrado importantes foros departamentales preparatorios. Pero, al paso que vamos, a la población colombiana le será difí­cil sentir triunfo o emoción patriótica de verdad en este decisivo tema [3].