Columnas de opinón

Esta vez sí: ¡Basta ya!

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“La historia del conflicto en Colombia muestra un recetario de soluciones aplazadas de manera permanente”, advierte el informe ¡Basta ya!, del Centro de Memoria Histórica. Entre las soluciones recetadas por el propio informe, cabe destacar al menos las siguientes:

La recomendación número 8 propone crear “un Tribunal Especial y Temporal que se ocupe del esclarecimiento y sanción de los diferentes actores armados involucrados en el conflicto” para “cumplir con el imperativo democrático de una pronta, eficaz y oportuna justicia, con el objetivo de cerrar la puerta a la impunidad, sin interferir con los propósitos superiores de paz y reconciliación” y “poner en práctica sanciones especiales y excepcionales”. Es todo lo contrario de lo previsto en el “Marco Jurídico para la Paz”, que autoriza renunciar a la persecución judicial de violaciones de derechos humanos y de infracciones graves al derecho humanitario. Valdría la pena que la Corte Constitucional tuviera en cuenta esta propuesta, ahora que se encuentra estudiando la constitucionalidad de dicho “Marco”.

La recomendación número 12 insta a “separar del servicio a los funcionarios implicados en graves violaciones de derechos humanos tras un procedimiento justo y transparente”, y la recomendación número 28 propone hacerlo con el acompañamiento de la Procuraduría “con el propósito de reconstruir confianza y legitimidad pública”. El mismo informe recuerda que la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz había compulsado, hasta diciembre de 2012, 12.869 copias a la justicia ordinaria para investigar, por complicidad con paramilitares, a 1.124 políticos, 1.023 miembros de las Fuerzas Armadas, 393 servidores públicos y 10.329 personas, buena parte de las cuales incluía a empresarios locales (pág. 250). Allí tiene la Fiscalía una buena base para desarrollar su política de priorización, para contribuir al logro de la paz.

La misma recomendación 12 invita a “la reforma de las instituciones del Estado de acuerdo con las normas de buen gobierno y el imperio de la ley”, en concordancia con la recomendación número 2, que se refiere a “dar acceso a los archivos de los organismos de seguridad del Estado (…) con el objeto de esclarecer cuál fue la actuación de esos organismos durante el conflicto armado y contribuir a la verdad y la memoria histórica”. Están vigentes manuales de combate adoptados por el Comando de las Fuerzas Militares desde 1969, que ordenan la conformación de grupos paramilitares, bajo la denominación de “Juntas de Autodefensa”, según lo recuerda el informe (nota 107 de pie de página). La ley de inteligencia 1621 de 2013 autoriza al Presidente para levantar la reserva de esos manuales, que están en mora de ser derogados.

Entre las causas del conflicto armado, el informe incluye “la prevalencia de una economía extractiva que no solo desconoce los derechos de sus legítimos e históricos propietarios , sino que depreda, arrasa y acumula sin generar un desarrollo sostenible” (pág. 192). ¿Revisará el Gobierno su locomotora minera?

El mejor reconocimiento al Centro de Memoria Histórica por este documentado estudio es que sus atinadas recomendaciones esta vez no sean aplazadas.