Comunicación y RRPP

Intervención de Ana María Rodríguez, delegada de las plataformas de derechos humanos ante la CNGS, en audiencia ante la JEP
Audiencia pública de seguimiento a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad -CNGS-, específicamente de su tarea de desarrollar la política pública y el plan de acción de desmantelamiento de las organizaciones criminales

Asunto: reporte de la sociedad civil a los avances y retos del trabajo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad 

Señoras y señores Magistrados:

Ana María Rodríguez Valencia y Soraya Gutiérrez Argüello, comisionadas permanentes de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (en adelante CNGS),nos dirigimos respetuosamente a sus despachos para realizar un reporte de los avances y retos del trabajo de la CNGS, en particular en la construcción de la política pública y criminal de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participan en la implementación de los Acuerdos y la construcción de paz.

De esa manera, este escrito tiene por propósito informarles de los siguientes aspectos: i) antecedentes; ii) logros y avances del trabajo de la CNGS; iii) retos del trabajo de la CNGS; iv) conclusiones; y v) anexos.

i. Antecedentes

A pocos días de cumplirse seis años de la primera instalación de la CNGS, el funcionamiento de esta instancia estatal ha sufrido serias dificultades, en particular durante el período entre 2018 y 2022. Si bien en 2017 la CNGS avanzó en el cumplimiento de su mandato, pues discutió su reglamento, puso en marcha varias comisiones técnicas realizó ejercicios de caracterización regional de los fenómenos criminales y logró identificar casos para atención prioritaria en Tumaco y en Nariño y Chocó, con el cambio de Gobierno en agosto de 2018 tuvo lugar un retroceso en su trabajo. Desde ese momento el Gobierno nacional impuso talanqueras al trabajo de la CNGS, tales como extender y reabrir las discusiones sobre el reglamento consensuado por la CNGS para cambiar su objeto, funciones y composición, o como no convocar mensualmente a la CNGS, como lo ordena el Decreto ley 154 de 2017. Durante esos años fue imposible avanzar en la concertación, por parte de la CNGS, de las líneas o contenidos de la política. Fue necesaria la intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz para que se ordenara la convocatoria y reactivación de este espacio. Con todo, las y los comisionados e invitadas permanentes de la sociedad civil a la CNGS se concentraron en la defensa de esta instancia y en impulsar la elaboración de elementos que permitieran impulsar la construcción de la política pública.

ii. Logros y avances del trabajo de la CNGS en 2022 y 2023

El cambio de gobierno en agosto de 2022 representó una oportunidad para transformar el funcionamiento de la CNGS y su dinámica de trabajo. Desde la sociedad civil nos acercamos a las personas designadas por el nuevo Gobierno para presentarles la labor de la CNGS y compartirles nuestra visión de las que deberían ser las prioridades de trabajo, así como para poner a su disposición el equipo técnico constituido desde la sociedad civil.

Allí comenzó una dinámica de trabajo conjunto para empezar a estructurar la política pública. En reuniones semanales comenzó a discutirse el concepto de desmantelamiento que debería guiar toda la política. Después de la reinstalación de la CNGS el 2 de octubre y hasta la segunda sesión, el 13 de diciembre, el equipo técnico de sociedad civil siguió reuniéndose con frecuencia para avanzar en la construcción de propuestas para llevar a la Subcomisión técnica que comenzó a ser convocada periódicamente por la Secretaría Técnica. Allí se avanzó en la concertación, a partir de las propuestas de la sociedad civil, del concepto de desmantelamiento, los componentes, objetivos y lineamientos de la política pública.

Así las cosas, en la sesión que convocó el Presidente de la República en diciembre se aprobaron los mencionados elementos de la política (ver anexo 1).

Asimismo, de manera paralela a la construcción de la política, la sociedad civil inició trabajos para la elaboración del Plan de Acción de la Política Pública de Desmantelamiento. Así, durante los meses de enero y febrero se adelantó un ejercicio de priorización de 36 de los 49 lineamientos para dicho Plan. De estos, se propuso que 30 queden como lineamientos y 6 como acciones. Una vez revisados, los 36 lineamientos se organizaron alrededor de tres ejes de acción, de manera que se les pudiera dar un orden cronológico y optimizar actividades de naturaleza similar:

1. Diseñar, construir y recomendar estrategias de investigación para el desmantelamiento.
2. Armonizaciones y transformaciones que deben hacerse en el Estado.
3. Articulación territorial, empoderamiento de movimientos, organizaciones y personas defensoras para la garantía de derechos y participación ciudadana.

Posteriormente se plantearon acciones para la implementación de cada uno de los lineamientos priorizados. En total se propusieron 76 acciones, las cuales abordan temáticas estructurales, tales como: caracterización de grupos y estructuras criminales, sus fuentes de financiación, beneficiarios, dinámicas territoriales y redes transnacionales; persecución a recursos de origen ilícito; ruptura de nexos entre estructuras criminales y agentes del Estado; garantía de los derechos de las víctimas; control al tráfico de armas; lucha contra la corrupción; fortalecimiento de la administración de justicia; articulación con labores de inteligencia estatal; alertas tempranas y prevención de la violencia, e identificación de patrones de criminalidad asociados a violencias basadas en género y por prejuicio y sus impactos, entre otras.

Esta propuesta de Plan de Acción fue entregada a la secretaría técnica para ser discutida, pero no llegó a ser discutida ni concertada antes de la tercera sesión de la CNGS del 24 de febrero.

iii. Retos del trabajo de la CNGS

A. El Gobierno tiene una visión limitada del rol y mandato de la CNGS: 

El Gobierno no ve el potencial de la Comisión para contribuir a la materialización de la Paz Total. Parecería que para el nuevo Gobierno la CNGS es una instancia creada por el Acuerdo de 2016, diseñada para responder exclusivamente a los retos en materia de seguridad derivados del conflicto armado de esa época. En esa medida, parecería que no cree que el mandato la CNGS pueda proponer acciones que conduzcan al desmantelamiento de otras estructuras criminales como aquellas que han surgido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final de Paz. Por su parte, quienes desde la sociedad civil integramos la CNGS estamos convencidos de que una política fuerte de desmantelamiento puede contribuir a la desactivación de diversos grupos y estructuras armadas, y a brindar las garantías de no repetición de la violencia necesarias para que la Paz Total se haga realidad. 

En ese mismo sentido, otro de los principales retos que tiene el trabajo de la CNGS es su articulación con las demás políticas gubernamentales y estatales que tienen relación con el efectivo desmantelamiento y conductas de que trata el Decreto ley 154 de 2017. De una parte, observamos con preocupación la falta de participación de la CNGS en la construcción de iniciativas legislativas del Gobierno nacional relacionadas con el desmantelamiento, tales como aquella que se convirtió en la Ley 2272 de 2022 “Por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la política de paz de estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones", o proyectos de ley próximos a presentarse, como el de sujeción a la justicia para estructuras criminales de alto impacto. Consideramos que estos temas deberían ser discutidos dentro de la CNGS, ya que el desmantelamiento, así como lo entiende el concepto adoptado por esta instancia, implica que este es un proceso estatal integral.

Asimismo, el Plan de emergencia para la protección a personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y firmantes de paz[1] adoptado por el Gobierno nacional dispuso que se le debían presentar mensualmente informes al Ministerio del Interior y a la CNGS con el propósito de verificar su avance y realizar recomendaciones para su cumplimiento. No obstante, observamos con preocupación que pasados seis meses desde la instalación del primer “Puesto de Mando Unificado por la Vida” (PMUV), la CNGS no ha recibido el primer informe sobre este Plan.

B. Demora en la reactivación de las instancias derivadas del Acuerdo Final de Paz y debilitamiento de la Unidad de Implementación del Acuerdo

Consideramos que un reto para el trabajo de la CNGS, como instancia creada por el Acuerdo Final de Paz, es el debilitamiento institucional de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz con ocasión de la reestructuración del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE). El DAPRE fue reestructurado el 30 de diciembre mediante el Decreto 2647 de 2022 y, en esta reforma se suprimió la antigua Consejería de Estabilización y Consolidación, la cual contaba con más 20 funciones[2]. El artículo 24 del mencionado Decreto redujo a siete las funciones de la Unidad de Implementación, limitándola a la asesoría, seguimiento, coordinación y apoyo a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, reduciendo sus posibilidades de formulación, estructurar y desarrollar políticas, programas y proyectos que se requieran para la implementación del Acuerdo Final de Paz, incluida la política de desmantelamiento a cargo de la CNGS.

C. Necesidad de responder oportunamente ante el contexto de violencia en las regiones, en particular a las agresiones contra firmantes del Acuerdo y personas defensoras de derechos humanos

En tercer lugar, la preocupación de fondo de la sociedad civil y nuestro reto central es poder contribuir a que el Estado brinde una respuesta adecuada y oportuna ante la violencia que actualmente se vive en los territorios. En el año 2022 fueron asesinadas 42 personas firmantes del Acuerdo, según Indepaz, y una más en lo corrido del 2023. Igualmente, 212 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 2022, según la Comisión Colombiana de Juristas. 

Si bien son loables las iniciativas emprendidas por el Gobierno nacional en estos temas, aún no han logrado frenar esos asesinatos ni disminuir las cifras de violaciones a los derechos humanos alrededor del territorio colombiano. Por ello es preciso complementar estas medidas con acciones concretas, integrales y concertadas con las comunidades, que puedan surtir el efecto de desescalar la violencia en los territorios. Así mismo, es fundamental que, a través de la política de desmantelamiento se contribuya a la adopción de verdaderas garantías que impidan la repetición de la violencia.

iv. Conclusiones

El cambio en el Gobierno nacional favorece un nuevo ritmo de trabajo en la CNGS, el cual es bienvenido y esperamos conduzca pronto a elaborar e implementar la política pública de desmantelamiento. Sin embargo, se requiere empeño para recuperar el tiempo perdido en el anterior cuatrienio y avanzar lo más rápido posible en la construcción de esta política pública, para poder aportar al desescalamiento de la violencia en los territorios. Para ello resulta fundamental la articulación de todas las instituciones que hacen parte de la Comisión, así como la de esta con todas las iniciativas gubernamentales y legislativas que guardan relación con el desmantelamiento. La protección a personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y firmantes de paz, así como la pronta implementación del Acuerdo Final de Paz y la materialización de la Paz Total deben ser el objetivo último del trabajo de los meses que vienen.

Como sus delegadas, reiteramos el profundo compromiso de la sociedad civil y de las plataformas de derechos humanos con la construcción de paz en Colombia y, en concreto, con la labor que nos fue encomendada en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

v. Anexos

Al presente escrito se anexa un (1) documento que contiene el concepto de desmantelamiento, los componentes, objetivos y lineamientos de la política pública de desmantelamiento aprobados por la CNGS el pasado 13 de diciembre de 2022.

Cordialmente,

ANA MARÍA RODRÍGUEZ VALENCIA

Comisionada

Plataformas de derechos humanos CNGS

SORAYA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Comisionada 

Plataformas de derechos humanos CNGS

[1] El plan de emergencia para la protección a líderes sociales y firmantes de paz fue elaborado por las plataformas de derechos humanos (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Plataforma DESC), la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y el Programa Somos Defensores, junto con un grupo de congresistas del Pacto Histórico, con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en consulta con la Misión de la ONU en Colombia.

[2]Véase el artículo 19 del Decreto 179 de 2019 (Derogado).