Incidencia Nacional

Consejo de Estado suspende apartes de decreto del Gobierno Duque que limitaba tutelas sobre erradicación de cultivos de uso ilícito

Bogotá, 26 de julio de 2023. El Consejo de Estado, entidad encargada de resolver los conflictos entre entidades estatales, o aquellos que surjan entre las mismas y ciudadanos/as, decidió suspender provisionalmente apartes del Decreto 333 de 2021, que expidió el gobierno de Iván Duque y que modificó las reglas de reparto de tutela, un mecanismo de protección que le permite a cualquier persona acudir ante instancias judiciales para proteger sus derechos fundamentales.

Específicamente, el Consejo suspendió la regla de reparto referida al uso del medio de amparo sobre “actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias de (…) autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos”, contenida en el numeral 12 del artículo 1 del decreto 333 de 2021.

El decreto expedido durante el gobierno Duque significó en la práctica que el presidente, durante una emergencia económica y sanitaria, eligió al juez para que conociera las acciones de tutela sobre las decisiones relacionadas con la erradicación de cultivos de uso ilícito. Esta medida va en contravía del artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y del artículo 37 del Decreto ley 2591 de 1991, que señalan que la acción de tutela se puede presentar a elección del ciudadano o ciudadana ante cualquier juez.

Con esta decisión el Consejo de Estado le devuelve provisionalmente la facultad a las y los colombianos de presentar tutelas sobre temas relacionados con cultivos de uso ilícito ante el juez de su preferencia.

En 2021, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y otras organizaciones solicitaron al Consejo de Estado la nulidad del Decreto 333 de 2021 y su suspensión provisional al considerar que restringía que el control judicial de la Presidencia de la República por medio de la tutela.

Desde la CCJ saludamos la decisión del Consejo y reconocemos que es un precedente para garantizar la independencia y autonomía judicial, en especial la garantía de acceso a la ciudadanía al principal mecanismo constitucional de protección de derechos, aun más cuando se trata de tutelas presentadas en materia de erradicación de culticos de uso ilícito.

Comisión Colombiana de Juristas