Litigio penal

Por dilaciones de la Fiscalía, escolta implicado en el magnicidio de Carlos Pizarro quedó en libertad

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Bogotá, 24 de julio de 2023. Por demoras injustificadas de la Fiscalía General de la Nación, Jaime Ernesto Gómez, exmiembro del extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, procesado por el magnicidio de Carlos Pizarro, fue dejado en libertad esta semana.

Las congresistas María José Pizarro, María del Mar Pizarro, y las señoras Myriam Rodríguez, Laura García y Claudia Barón, así como las ONG Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar-, denunciamos las consecuencias de las dilaciones arbitrarias de la Fiscalía General de la Nación.

El 18 de julio de 2023, el Juzgado 10 penal del circuito de Bogotá determinó la libertad de Jaime Ernesto Gómez, exescolta de Carlos Pizarro vinculado a la investigación desde 2014. Todo esto a pesar de que los representantes de las víctimas aportaron pruebas y argumentaron ante el juez que Gómez perteneció al aparato organizado de poder que planeó, ejecutó y encubrió el magnicidio del entonces candidato presidencial.

Al exescolta de Pizarro se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva de la libertad en el centro carcelario de La Picota, en Bogotá, desde el 16 de enero de 2017. Dicha medida se impuso por un término de dos años, siendo prorrogada por dos años más por pertenecer a un grupo armado organizado, extendiéndose a un tiempo total de cuatro años. Entre tanto se avanzó en la investigación, se llevaron a cabo las audiencias y se definió, entre otras cosas, la solicitud de sometimiento de Gómez a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, la cual fue rechazada en marzo de 2022.

Cabe señalar que la Fiscalía General de la Nación propició un ambiente de incertidumbre para las víctimas, pues desde hace varios años, y con la llegada del fiscal Francisco Barbosa, la investigación se vio desatendida y el accionar de esta entidad se tornó prácticamente inactivo en este caso.

Entre las acciones dilatorias para que el exescolta procesado recuperara la libertad y se viera beneficiado por el vencimiento de términos están el traslado del fiscal a cargo del caso, el funcionario que más había avanzado en la investigación de los responsables, primero a Guainía y luego a Chocó; la asignación de un fiscal de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos que mantuvo el proceso sin ningún tipo de avance por dos años; y la falta de impulsos procesales durante el tiempo de definición de las solicitudes de sometimiento del procesado, pues la Fiscalía seguía siendo la competente de impulsar las acciones de cara al juicio.

Lo anterior resulta especialmente grave debido a que, en febrero y marzo de este año se culminaron las últimas etapas del proceso penal, y ya se estaba a la espera de la sentencia sobre la responsabilidad de Jaime Ernesto Gómez. En este juicio, la representación de víctimas, la Fiscalía y el Ministerio Público solicitaron la condena de Gómez, amparados en las pruebas obrantes en el expediente. El origen de esta libertad por vencimiento de términos y las omisiones por parte de la Fiscalía contemplan parte del repertorio de elementos de impunidad que rodean el caso.

Los familiares y las organizaciones de derechos humanos representantes de las víctimas llamamos la atención sobre este revés, e invitamos a la sociedad a seguir atentamente lo que queda del proceso, a verificar que Gómez efectivamente comparezca y a exigir que la Fiscalía asuma su responsabilidad ante el riesgo de que uno de los responsables de este hecho burle la justicia.