Declaración oral | Informe del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales

Señor Presidente:

Dos años después de que Colombia reconociera constitucionalmente al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, el nuevo gobierno anuncia que dejará de usar la palabra "campesino" para usar "pequeño empresario del campo". Este no es un ejercicio lingüístico superficial: es una forma de desconocer la obligación del Estado de proteger a quienes históricamente han sido despojados de sus tierras, su identidad y sus derechos.

Contrario a la calificación como “despectiva” que hizo el Ministro de Agricultura[1], la Declaración sobre derechos de los campesinos (UNDROP) y el Grupo de Trabajo han dejado claro que la palabra campesina (o campesino) es una categoría jurídica propia, con derechos específicos vinculados no sólo a la actividad productiva, sino también a la relación con el territorio, la cultura y la organización colectiva de quienes trabajan la tierra.

En línea con la Declaración, el reconocimiento constitucional generó obligaciones concretas para el Estado, como medir al campesinado, presupuestar para ellas y ellos y garantizarles derechos específicos. Estas obligaciones se extienden al Acuerdo de Paz de 2016, cuyo primer punto, la Reforma Rural Integral, tiene a esta población como sujeto central.

Llamamos al Consejo y al Grupo de Trabajo a instar a Colombia a respetar los reconocimientos internacional y constitucional del campesinado como sujeto de derechos, y a abstenerse de adoptar cambios en el lenguaje oficial que debiliten sus compromisos con las comunidades rurales.

[1] Ver: https://elpais.com/america-colombia/2026-09-09/el-gobierno-de-de-la-espriella-reemplaza-la-palabra-campesino-por-empresario-del-campo.html