Incidencia Internacional

El Comité contra la Tortura de la ONU-CAT- emitió más de 51 recomendaciones al Estado colombiano después del examen que le realizó sobre este delito en abril del año 2023

A mediados del mes de mayo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas publicó las observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Colombia, realizado el 18 y 19 de abril de 2023 en Ginebra, Suiza. A pesar de que el Comité reconoció los avances y la voluntad política del Estado colombiano, su informe concluyó que Colombia permanece con una gran deuda en materia de lucha contra la tortura.  Para este organismo, la falta de investigación, reparación a las víctimas y la situación de inseguridad ha contribuido a un clima general de impunidad sobre este delito.

En este documento el Comité realizó 51 recomendaciones al Estado Colombiano en 14 bloques temáticos[1], muchas de estas fueron sugeridas por la Coalición Colombiana Contra la Tortura[2], la Corporación Sisma Mujer, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes (PAIIS) en un informe alterno donde se evidenciaron las deficiencias en la prevención, investigación y sanción de la tortura, y los tratos crueles inhumanos y degradantes en el país.

El Comité hizo un llamado en cuanto al uso excesivo de la fuerza, de armas menos letales y gases lacrimógenos en el marco de manifestaciones, incluidas las protestas sociales entre 2019 y 2021 y la urgencia de llevar a cabo investigaciones prontas e imparciales sobre denuncias de tortura por parte de agentes de policía y miembros del ESMAD. Manifestó preocupación por las informaciones que indican un uso indebido de la legislación antiterrorista y otros delitos graves para enjuiciar a manifestantes.. También le solicitó al Estado la imposición de penas acordes a la gravedad de los actos y la reparación plena de las víctimas, así como tomar todas las medidas para que dichos casos no sean conocidos por la Justicia Penal Militar. Así mismo, destacó la necesidad de fortalecer programas de atención psicosocial, especialmente para las víctimas de lesiones oculares en protestas sociales. Además, subrayó la importancia de prevenir la violencia sexual y de género, implementando protocolos y proporcionando formación obligatoria a policías, fiscales y jueces.

Con relación a la respuesta estatal frente a la violencia en el marco del conflicto armado y la criminalidad, el Comité recomendó redoblar los esfuerzos para erradicar la violencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, desmantelando las organizaciones ilegales y asegurando la participación de la sociedad civil. Además, consideró que se debe adoptar una política integral para prevenir el reclutamiento forzado de menores, fortalecer medidas contra el desplazamiento forzado y aumentar la presencia de autoridades civiles en las zonas afectadas.

Otro de los temas sobre el cual el Comité puso su lupa fue el relacionado con las condiciones de detención, la violencia y las muertes en los centros de privación de libertad y la vigilancia de los lugares de reclusión. Para este mecanismo es fundamental que el Estado tome medidas urgentes para eliminar el hacinamiento en cárceles y centros de reclusión, fomentando el uso de alternativas a la privación de libertad. De igual manera, subrayó la necesidad de generar medidas y protocolos para revisar las regulaciones sobre el uso de la fuerza, incluyendo armas de fuego y de descarga eléctrica en lugares de privación de la libertad, y brindar una adecuada formación a los agentes de policía y funcionarios de prisiones. En el documento se promovieron medidas y protocolos para prevenir y reducir la violencia, incluida la violencia sexual y de género, en los centros de privación de libertad.

Además de los llamados de atención hechos por el Comité a Colombia, se reconoció el compromiso del Estado en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016. En particular, esta instancia recomendó que la tortura sea investigada de manera independiente y no como una conducta subsumida en otras que conllevan a una pena mayor, por lo que es fundamental que se garantice el enjuiciamiento de los responsables, incluidos los superiores jerárquicos. Igualmente, se solicitó la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad relacionadas con la no repetición del crimen de tortura.

Finalmente, el Comité alentó al Estado a continuar con el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, pues con ello se abre la posibilidad de establecer un mecanismo nacional de prevención de este delito. Así mismo, le solicitó a Colombia presentar información el 12 de mayo de 2024, sobre el seguimiento a cuatro recomendaciones: la respuesta estatal frente a la violencia en el marco del conflicto armado y la criminalidad (párr. 19 a); las condiciones de detención (párr. 25 a); la vigilancia de los lugares de detención (párr. 33); y los ataques a las personas que actúan en defensa de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales y periodistas (párr. 37).

Desde la Coalición Colombiana contra la Tortura hacemos un llamado al Estado para que las recomendaciones hechas por este Comité se cumplan cabalmente.

Coalición Colombiana Contra la Tortura.

Enlace al Informe alternativo al sexto examen periódico de Colombia ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas

[1] Tipificación del delito de tortura (i), salvaguardias legales fundamentales (ii), jurisdicción penal militar (iii), uso excesivo de la Fuerza (iv), respuesta estatal frente a la violencia en el marco del conflicto armado y la criminalidad (v), justicia transicional (vi), reparación y acceso a la justicia (vii), condiciones de detención (viii), régimen de aislamiento (ix), violencia y muertes en los centros de privación de libertad (x), presentación de denuncias e investigaciones de actos de tortura y malos tratos (xi), vigilancia de los lugares de reclusión (xii), migración y asilo (xiii), personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y periodistas (xiv).

[2] La Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT) está conformada por la Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos – ASFADDES-, Centro de Atención Psicosocial –CAPS-, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR-, Comisión Colombiana de Juristas – CCJ-, Corporación REINICIAR, Corporación Vínculos, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos – FCSPP- y la Organización Mundial Contra la Tortura -OMCT-.